Semana | Bogotá D.C. | 27 SEP 2018 – 9:48 pm
Un grupo de ambientalistas y líderes comunitarios se instalaron desde el pasado domingo 23 de septiembre en uno de los bosques naturales que protegen la margen izquierda del río La Vieja.
El ‘plantón‘, como ellos mismos lo denominan, surgió como forma de protesta para evitar que sean talados 190 árboles que integran un pequeño bosque tropical, que además de conservar la orilla del río, es el hábitat de decenas de especies de aves, insectos, reptiles y hasta mamíferos.
Paralelo al plantón, los manifestantes ya han recogido casi 500 firmas con la consigna «Jarillón sí, pero no así», con las que buscan el apoyo ciudadano para presionar a las autoridades y ser escuchados.
“Esto es una protesta pacífica que no se opone a las obras de control de erosión que pretenden realizar para prevenir futuras inundaciones en la ciudad; es un simple llamado para que las autoridades busquen la manera de evitar una masacre ambiental”, argumentó Carlos Ronderos, quien visibilizó el problema a través de redes sociales.
Esa es precisamente una de las paradojas de esta polémica. Las obras que se harán en la margen del río son para mitigar la erosión de la orilla del afluente y evitar inundaciones que durante época invernal han dejado en la calle a cientos de familias; pero para hacerlo, según la autoridad ambiental, hay que intervenir ese bosque.
El proyecto que ya está en ejecución, con un costo de 7.703 millones de pesos, fue adjudicado por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, al consorcio Obras Cartago, integrado por las firmas CS Ingeniería SAS y Consultoría Construcciones Civiles y Sanitarias, Concisan.
Los trabajos comprenden la intervención de un kilómetro de la margen izquierda del río La Vieja, con obras que van desde enrocado, control de taludes, excavaciones, ataguías y manejo forestal. Pero los manifestantes no creen que para prevenir la erosión tengan que talar casi 200 árboles que justamente son los que protegen la margen del río.
La explicación de esa ironía la brinda el ingeniero Edwin Alexánder Serna, director de la CVC en el norte del Valle, la entidad ambiental que contrató las obras y otorgó el permiso para la tala de los árboles.
Según informó el ingeniero Serna, la intervención arbórea era necesaria porque además del enrocado y las ataguías que se instalarán en la orilla del río, “es necesario perfilar el terreno, hacer excavaciones y movimientos de tierra para crear una pendiente de 45 grados de protección de la margen”, precisó.
Desmintió que la tala tuviera como único propósito permitir el ingreso de la maquinaria para ejecutar las obras, pero alegó que para tramitar ese permiso no era necesaria una licencia ambiental y mucho menos un estudio de impacto, “porque se trata de una intervención arbórea sobre una zona forestal protectora”.
Recalcó, que el proyecto fue socializado desde diciembre de 2017 con la comunidad de los barrios impactados y en marzo se hizo lo mismo con toda la institucionalidad del municipio. No obstante, quienes protestan insisten en que esa socialización solo se hizo en uno de los barrios afectados.
El ingeniero de la CVC recordó que en un comienzo el proyecto contempló la tala de 324 árboles, “pero se logró reducir a 190 y en la compensación se estableció la siembra de mil árboles y 3.678 metros cuadrados en guaduales; es decir el doble de lo que se intervendrá”.
Pero lo que más roncha causó entre la comunidad y los propios ambientalistas, es que según ellos, a los obreros que ya ejecutaron una tala parcial, “les pagaron con la madera de los árboles y al menos uno de ellos sería el dueño de una fábrica de muebles rústicos”, aseguró Paula Sabogal, una de las ambientalistas que lidera la protesta. Frente a esa denuncia el funcionario de la CVC aclaró que el permiso de intervención arbórea es para aprovechamiento forestal.
Por ahora este pulso lo están ganando los ambientalistas, ya que gracias a su protesta, varias autoridades como la Personería, tomaron cartas en el asunto y pidieron que se suspenda provisionalmente la tala de árboles, mientras se socializa el tema con la comunidad que se siente afectada.
Lo que no está claro es si al final la CVC, que es la autoridad ambiental que otorgó los permisos para las obras, cederá en su propósito de intervenir ese bosque natural.
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