ARCHIVO. REF. Hacinamiento
En un avance significativo hacia la protección de los derechos humanos en Colombia, el Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Cali emitió una sentencia contra condiciones inhumanas en Cartago. Este fallo histórico aborda la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad (PPL) en la Estación de Policía de Cartago, y podría marcar un precedente para combatir el hacinamiento carcelario en Colombia.
La acción de tutela fue interpuesta por Brayan Monsalve González, director ejecutivo de Human Rights Internacional (HRI), en calidad de agente oficioso de 43 PPL. Según la sentencia No. 363, el juzgado declaró que:
“Las condiciones actuales de estación de policía Cartago constituyen una violación grave y sistemática de los derechos fundamentales a la dignidad, a la salud y a un trato humano y digno”.
El fallo destaca que problemas como el hacinamiento, la insalubridad y la falta de medidas efectivas por parte de las autoridades han generado un escenario inconstitucional.
El fallo instruyó a varias entidades, incluyendo el INPEC, la Policía Nacional, la Alcaldía de Cartago y la Gobernación del Valle del Cauca, a adoptar medidas urgentes para atender la crisis. Estas incluyen:
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El fallo trasciende el caso puntual de Cartago, al exponer una problemática que afecta a más de 20.000 personas recluidas en estaciones de policía y otros espacios no aptos para la privación de la libertad en el país. Esta situación perpetúa un estado de cosas inconstitucional previamente reconocido por la Corte Constitucional de Colombia.
La sentencia subraya la urgencia de reformar el sistema de detención transitorio, y refuerza la necesidad de garantizar condiciones dignas y humanas para los detenidos, en línea con los principios de la Constitución Política.
La organización Human Rights Internacional (HRI) jugó un rol clave en llevar este caso ante la justicia. Reconocida por su labor en la defensa de los derechos humanos, HRI continúa impulsando acciones legales y estrategias para combatir el hacinamiento y la negligencia institucional en Colombia.
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