En este mes de octubre de 2024, el suroccidente de Colombia enfrentará un desafío significativo en la movilidad, con dos bloqueos simultáneos en vías cruciales para la región. Comunidades indígenas del Cauca y el Comité Cívico de la vereda La Garza anunciaron manifestaciones que afectarán tanto la vía Panamericana, que conecta a Cali con Popayán, como la carretera que comunica a Cali con Buenaventura, una arteria vital para el transporte de carga hacia el puerto más importante del Pacífico colombiano.
Protestas de Comunidades Indígenas en la Vía Panamericana
Las comunidades indígenas del Cauca han programado una jornada de movilización para el 18 de octubre de 2024, que incluirá bloqueos en la vía Panamericana y una toma de la ciudad de Cali. Estas protestas coinciden con la COP16, conferencia internacional sobre el cambio climático, y buscan visibilizar las problemáticas ambientales que aquejan a los territorios del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.
Los manifestantes denuncian que la deforestación y el avance del monocultivo han degradado significativamente el ecosistema local, afectando la biodiversidad y generando escasez de agua. A través de la Asociación Agropecuaria de Caloto y el Resguardo de Huellas, exigen al gobierno la implementación de un plan para la recuperación de humedales y quebradas, vitales para la agricultura y la subsistencia de la población.
En una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, las comunidades pidieron mayor compromiso en los programas de sustitución de cultivos ilícitos y reforestación, los cuales han tenido avances limitados. La falta de acción ha generado condiciones de vulnerabilidad para los habitantes de estas regiones, quienes dependen de los recursos naturales para sus actividades diarias.
Bloqueo Indefinido en la Vía Cali-Buenaventura
A partir del 7 de octubre de 2024, el Comité Cívico de la vereda La Garza anunció un bloqueo indefinido en el kilómetro 52 de la vía Cali-Buenaventura, en el sector del peaje Loboguerrero. Esta manifestación responde al incumplimiento de las autoridades en la instalación de un puente militar que es necesario para restablecer la conectividad vial, tras los estragos causados por las lluvias y deslizamientos que afectaron gravemente la infraestructura en meses anteriores.
El comité señaló que la falta de avance en la construcción del puente ha afectado la movilidad en este importante corredor vial, perjudicando tanto a transportadores de carga como a pasajeros. La instalación del puente fue un compromiso adquirido por la Gobernación del Valle del Cauca, pero hasta la fecha, no se han cumplido las promesas.
El comité solicitó la presencia de entidades como la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Unidad de Gestión del Riesgo para mediar en la situación y garantizar que se cumplan los acuerdos establecidos con las autoridades locales.
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Impacto en la Movilidad y la Economía
Los bloqueos en la vía Panamericana y la vía a Buenaventura representan un reto mayúsculo para la movilidad y la economía del suroccidente del país. Estos corredores son esenciales para el transporte de productos y mercancías hacia y desde el puerto de Buenaventura, por lo que las interrupciones podrían tener un impacto significativo en la cadena de suministro y el comercio internacional.
Empresas logísticas y transportadores han expresado su preocupación por las posibles consecuencias de las protestas. Los bloqueos podrían generar retrasos en la distribución de productos a nivel nacional e internacional, afectando tanto a consumidores como a las industrias que dependen de la exportación e importación a través del puerto.
Tanto las comunidades indígenas como el Comité Cívico han manifestado su disposición al diálogo, pero insisten en la necesidad de que los representantes del gobierno nacional y las autoridades locales respondan a sus demandas. Los manifestantes piden que se avance en los proyectos ambientales, así como en las obras de infraestructura vial que han quedado rezagadas.
Además, han invitado a organismos de derechos humanos y a líderes sociales a acompañar las manifestaciones, para garantizar que los derechos de los manifestantes y de las comunidades afectadas sean respetados.
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