Este jueves 11 de Diciembre, la Mesa de Estudiantes de Bellas Artes, obtuvo uno de los mayores logros y es la asignación del presupuesto completo para el próximo año y el incremento de ley correspondiente al 3%, el cual a diferencia de las otras entidades descentralizadas, fue respetado, como conquista de los 30 días de Protesta Pacífica a Puerta Cerrada realizada en la sede del Instituto de bellas Artes de Cali.
Pese a esto, estudiantes, docentes, funcionarios y sus respectivas familias, viven una situación de inestabilidad académica y laboral en este fin de año, consecuencia del recorte del 25,2% del presupuesto anual asignado a la Institución para la vigencia 2014, equivalente a $1,885 millones.
A pesar de que los estudiantes hemos intentado reunirnos con el gobernador, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta oficial
“A pesar de que los estudiantes hemos intentado reunirnos con el gobernador, hasta el día de hoy no hemos recibido respuesta oficial, ni oportuna. Por lo tanto, debido a que la gobernación no ha garantizado el dinero para terminar este semestre, la mesa entra en diálogos con la administración de Bellas Artes, buscando otras estrategias para darle continuidad a los procesos y para seguir trabajando desde la institución sin dejar de exigirle a la gobernación que asuma su responsabilidad y que cumpla con sus compromisos” dice el portavoz de los estudiantes.
Por lo tanto este jueves 11 de Diciembre del presente año se realizó la apertura de las puertas que fueron cerradas el día 11 de Noviembre a modo de protesta pacífica.
La mesa de estudiantes realizó un acta de acuerdo y un pliego de peticiones para acceder a la apertura de las puertas de la institución. Estos documentos son garantías de amparo y respaldo con respecto a los acuerdos establecidos en la mesa de negociación que se realizó por una comisión conformada por representantes del cuerpo directivo de Bellas Artes, un delegado de la Gobernación del Valle del Cauca, de los trabajadores, de los docentes y de Sintragobernaciones. A su vez como garantes del proceso actúan la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal y derechos humanos.
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