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A tres meses de gobierno en Risaralda: gremios solicitan ejecución de recursos y obras tras el terremoto

Empresarios, académicos y congresistas evaluaron el balance inicial de la administración de Abelardo de la Espriella. Reclamaron mayor celeridad en la reconstrucción de vivienda y exigen ejecutar los presupuestos anunciados para la región.

¿Qué balance hacen los gremios de Risaralda tras los primeros 90 días del gobierno de Abelardo de la Espriella?

A tres meses de la asunción del presidente Abelardo de la Espriella y tras el terremoto del 10 de agosto, gremios como Camacol y Fenalco Risaralda destacan avances en seguridad y confianza inversora, pero advierten una brecha entre los anuncios oficiales y la ejecución de recursos para la reconstrucción de vivienda, el apoyo al comercio y la protección de las pequeñas empresas en Pereira y Dosquebradas.

En las oficinas gremiales y en las discusiones legislativas del departamento, la evaluación de los primeros noventa días de la administración nacional se centró en un hecho ineludible: la gestión gubernamental quedó condicionada por la emergencia derivada del sismo del 10 de agosto y el complejo déficit fiscal heredado en las finanzas públicas.

Durante un balance regional convocado para revisar las acciones del Ejecutivo, representantes del sector constructor, comercial, académico y político coincidieron en que el mandato actual ha cumplido en materia de orden público y disposición al diálogo, pero enfrenta el reto inmediato de trasladar los decretos de emergencia a soluciones financieras tangibles en los municipios afectados.

Desde la perspectiva de los analistas locales, el mandato central comenzó a cumplir sus compromisos en materia de seguridad ciudadana, un factor calcaron que la crisis hospitalaria sigue presionando la red de atención pública, agravada por la alta demanda de servicios tras el movimiento telúrico.

Reconstrucción de vivienda y el freno en los desembolsos

El sector de la construcción evaluó la respuesta institucional coordinada desde el Puesto de Mando Unificado (PMU). Víctor Baza, representante de Camacol, reconoció la expedición oportuna de decretos de emergencia y la declaratoria de desastre nacional, aunque advirtió sobre las demoras operativas.

«La principal preocupación es la brecha entre lo que se dice y lo que se hace», afirmó Baza.

El dirigente gremial detalló que el Ejecutivo anunció la ejecución de 908 mejoras de vivienda en el departamento —de las cuales 261 corresponden a Pereira— respaldadas por una inversión municipal de $30.000 millones.

En cuanto a la remoción de escombros en la capital risaraldense, los datos de avance indican que de las 742 demoliciones aprobadas oficialmente, apenas 92 se han ejecutado, evidenciando la lentitud en la fase preliminar de obra civil.

Por su parte, Sebastián Restrepo, directivo de Fenalco Risaralda, valoró la creación del Fondo Milagro y la apertura de espacios de concertación con los comerciantes, aunque insistió en la urgencia de canalizar subsidios directos para salvaguardar la actividad mercantil en los polígonos comerciales afectados por el sismo.

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Solicitudes de alivios para pymes y una Ley Milagro

Desde la rama legislativa, el representante a la Cámara Durgues Espinosa propuso la creación de una iniciativa específica para acelerar la recuperación del departamento.

«Ver al presidente, a su esposa y al gobierno aquí constantemente manda un mensaje de que no estamos solos», expuso el congresista.

Sin embargo, Espinosa cuestionó los obstáculos burocráticos que impiden a las administraciones locales avanzar con mayor rapidez y denunció que en Dosquebradas aún existen 3.200 familias damnificadas que no han podido inscribirse en el censo oficial de afectados, quedando excluidas de los auxilios estatales.

En el flanco académico, Carlos Charry, doctor en Sociología e investigador de la Universidad del Rosario, advirtió que el debate sobre la Ley de rescate económico debe modular sus cargas impositivas para evitar asfixiar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Para Charry, la normativa fiscal no puede gravar por igual a los pequeños negocios, requiriendo un esquema diferencial que proteja el empleo local y dinamice la contratación de personal en los municipios impactados por la calamidad.

Preguntas relacionadas:

  • ¿Qué piden los gremios de Risaralda al gobierno tras el terremoto? Empresarios y comerciantes exigen celeridad en la entrega de subsidios, un plan maestro de reconstrucción y alivios tributarios para proteger las pequeñas empresas.
  • ¿Cuántas demoliciones se han realizado en Pereira tras el sismo? De acuerdo con los informes locales, la administración registra 742 demoliciones aprobadas, de las cuales se han completado 92 en la ciudad.
  • ¿Cuál es la situación de los censos de damnificados en Dosquebradas? El representante Durgues Espinosa denunció que 3.200 familias en Dosquebradas continúan sin aparecer en el registro oficial y no reciben ayudas.

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