La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra siete diputados del departamento de Risaralda (2016-2019), por presunta extralimitación de funciones al posiblemente haber condicionado y limitado las facultades contractuales de la gobernación.
Los diputados investigados son Paola Andrea Nieto Londoño, Diomedes de Jesús Toro Ortíz y Juan Carlos Valencia Montoya, quienes fueron reelegidos, y los exdiputados John Jairo Arias Henao, Alexander García Morales, Fernán Caicedo Cuero y Julián Alonso Chica Londoño (2016-2019).
El ente de control cuestionó el proceder de los diputados frente al trámite del Proyecto de Ordenanza No. 007 de 2017, que facultaría al gobernador para contratar hasta el 31 de diciembre del mismo año.
A los investigados Paola Andrea Nieto Londoño, Diomedes de Jesús Toro Ortiz, John Jairo Arias Henao y Alexander García Morales, integrantes de la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto, Cuentas y Asuntos Fiscales, se les reprochó por posiblemente haberse extralimitado en sus atribuciones y al parecer obstaculizado el desarrollo y cumplimiento de la gestión del administrador departamental.
Así mismo, el ente de control cuestionó a Toro Ortíz, Arias Henao y Nieto Londoño por posiblemente haber infringido la Ley 734 de 2002, porque durante las sesiones del 12 y 29 de junio de 2017 habrían mantenido una posición de restricción frente a las autorizaciones que debían otorgarse al gobernador.
De acuerdo con la Procuraduría, se formularon cargos contra los siete investigados por posiblemente haberse extralimitado en sus atribuciones durante la plenaria del 4 de julio de 2017, al incluir dos parágrafos al proyecto de ordenanza.
El primero no contemplaba la negociación y celebración de contratos interadministrativos, compra de bienes inmuebles, contratos de empréstito, entre otros; y el segundo exigía al gobernador enviar a la asamblea una relación de los contratos firmados por el despacho.
Las posibles demoras en la asamblea departamental pudieron ser causales de que el Proyecto de Ordenanza No. 007, fuera aprobado solo hasta el 30 de julio de 2017.
Con este comportamiento los implicados pudieron desconocer el principio de responsabilidad y de coordinación, en la medida en que dentro de la comisión existieron voces de alerta sobre la afectación administrativa que podría sufrir la gobernación por las decisiones tomadas.
El Ministerio Público calificó las presuntas faltas de los funcionarios como graves a título de culpa grave.
A los involucrados les asiste el derecho de presentar descargos y solicitar o aportar pruebas conducentes a su defensa.
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