La Procuraduría General de la Nación ha presentado cargos contra el exalcalde del municipio de Marsella, Alberto Rivera Cifuentes, por presuntas irregularidades en la contratación del servicio de transporte escolar. Según el Ministerio Público, el exmandatario habría suscrito contratos con la Cooperativa de Transportes de Marsella, una entidad cuyo representante legal era su hermano, Nelson Rivera Cifuentes, lo que podría constituir una falta gravísima.
Los hechos que motivaron la investigación de la Procuraduría están relacionados con la contratación de la Cooperativa de Transportes de Marsella para prestar el servicio de transporte escolar en el municipio. A pesar de que esta cooperativa no contaba con la idoneidad, experiencia y capacidad financiera necesarias para cumplir con los objetivos contractuales, fue elegida para la ejecución del contrato. Esta acción, según el Ministerio Público, podría implicar una vulneración al principio de moralidad, ya que Alberto Rivera Cifuentes habría favorecido a una entidad vinculada a su familia.
El contrato en cuestión tenía un valor superior a los 175 millones de pesos y fue suscrito sin considerar las posibles implicaciones éticas y legales de esta relación familiar. La Procuraduría subraya que el exalcalde pudo haber actuado con una «culpa gravísima», al no garantizar la transparencia e imparcialidad en la ejecución de sus funciones.
Un segundo contrato bajo la lupa
Además del primer contrato, la Procuraduría encontró que Alberto Rivera Cifuentes firmó un segundo acuerdo con la misma cooperativa para prestar el servicio de transporte escolar rural en zonas de difícil acceso. Nuevamente, se señala que no se respetaron los requisitos legales y se habría pasado por alto el régimen de incompatibilidades que rige para los servidores públicos. Esto refuerza la acusación de que el exalcalde pudo haber incurrido en una falta gravísima, comprometiendo la integridad de la función pública.
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Implicaciones legales y otros implicados
La actuación del exmandatario ha sido calificada provisionalmente por la Procuraduría como una falta gravísima, cometida con culpa gravísima, lo que podría acarrear serias sanciones. La falta de cumplimiento de los principios de moralidad e imparcialidad son los aspectos más destacados por el ente de control.
Por los mismos hechos, también se han formulado cargos contra el exsecretario de gobierno del municipio, Héctor Darío Montoya Arroyave, quien habría elaborado los estudios previos para la contratación sin verificar el cumplimiento de los requisitos legales exigidos. Esto sugiere que no solo el exalcalde, sino también otros funcionarios municipales, podrían haber incurrido en graves irregularidades durante la contratación del transporte escolar.
La Procuraduría General de la Nación continuará con el proceso investigativo para determinar las sanciones correspondientes, en caso de que se confirme la falta gravísima cometida por Alberto Rivera Cifuentes y los otros implicados. De confirmarse, las sanciones podrían incluir la inhabilidad para ejercer cargos públicos y la imposición de multas, entre otras medidas.
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