La congresista Carolina Giraldo puso en evidencia un caso que ha generado indignación en Risaralda: un proyecto de vivienda con recursos de regalías destinado a 18 familias del municipio de Pueblo Rico Risaralda terminó con casas demolidas, promesas incumplidas y más de $1.300 millones de pesos desaparecidos tras ser entregados en calidad de anticipo.
El contrato y el millonario anticipo
Según la denuncia, el contrato firmado en 2023 entre el fondo mixto Fonpacífico y la empresa Inprosos S.A.S. superaba los $2.700 millones de pesos. El objetivo era construir viviendas dignas para familias vulnerables de Pueblo Rico.
El contrato estableció un anticipo del 50%, equivalente a cerca de $1.350 millones de pesos, entregados a la firma seleccionada mediante invitación privada. No obstante, la congresista denunció que lo construido solo alcanzó un valor estimado de $150 millones: se levantaron cuatro casas que luego tuvieron que ser demolidas porque no cumplían con las normas técnicas ni constructivas.
Denuncias de la congresista
En sus declaraciones, la representante a la Cámara, Carolina Giraldo, señaló:
“En 2023, en Pueblo Rico, Risaralda, 18 familias esperaban su vivienda con un proyecto de casi 3 mil millones de pesos de regalías, es decir, presupuesto público; sin embargo, solo hicieron cuatro casas, tan mal construidas que hubo que demolerlas porque ni siquiera cumplían con las normas constructivas”.
La congresista agregó que tampoco existió un proceso claro de selección para definir los beneficiarios del proyecto. No hay listado oficial ni criterios de elegibilidad emitidos por Planeación Nacional o por la administración municipal.
Irregularidades detectadas
De acuerdo con la investigación, la empresa Inprosos S.A.S. contrato habría incurrido en graves fallas, entre ellas:
- Iniciar obras sin licencias ni permisos legales.
- Ignorar los diseños y estudios técnicos aprobados.
- Utilizar materiales de baja calidad y presentar fallas estructurales.
- Recibir recursos públicos sin póliza de estabilidad de obra válida.
Ante estos hechos, en enero de 2025 se declaró formalmente el incumplimiento del contrato y se solicitó a la aseguradora responder por los recursos entregados como anticipo.
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¿Un caso de “contrataderos”?
La congresista afirmó que este caso representa un ejemplo de cómo operan los llamados “contrataderos”, esquemas que permiten a algunos fondos mixtos eludir el Estatuto General de Contratación Pública, lo que limita la transparencia y la vigilancia ciudadana.
“La plata pública es sagrada, no de privados que incumplen. Pongo los hechos en conocimiento de los entes de control porque las familias de Pueblo Rico que esperaban una casa merecen respuestas, y lo mínimo es que se garantice que esto no vuelva a repetirse y saber si habrá otro proyecto de vivienda”, concluyó Giraldo.
Los entes de control ahora tienen la tarea de determinar responsabilidades y esclarecer el destino de los recursos, mientras que las familias afectadas siguen a la espera de que su derecho a una vivienda digna sea restablecido.
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