En una importante intervención liderada por la Alcaldía de Pereira, se logró la recuperación de un predio de 26.800 metros cuadrados que estaba en manos de particulares en el barrio Málaga del sector del Parque Industrial. Tras cuatro años de diligencia y procesos legales, el municipio finalmente pudo tomar posesión del lote, marcando un hito en la defensa del patrimonio público.
La gestión, realizada por la Secretaría de Gobierno, se materializó luego de un fallo de la inspectora de Policía, que ordenó el desalojo del terreno ocupado ilegalmente. Según el secretario de Gobierno, Jorge Mario Trejos Arias, el predio estaba siendo utilizado como parqueadero y taller, albergando aproximadamente 30 volquetas, un container como oficina y diversas construcciones en guadua.
Para llevar a cabo esta acción, se contó con el respaldo de la Policía Nacional, guardas del Instituto de Movilidad y personal de la Secretaría de Gobierno. Desde el pasado lunes, se ejecutó el desalojo, en el cual también participaron operarios de la Empresa de Aseo de Pereira, garantizando el cumplimiento de la orden judicial.
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Trejos Arias explicó que el proceso de desalojo se había prolongado durante cuatro años, mientras se agotaban todos los procedimientos legales correspondientes. Ahora, con la posesión del lote por parte del municipio, se espera que los ocupantes ilegales abandonen el lugar de manera pacífica.
El siguiente paso, según indicó el Secretario de Gobierno, es determinar la destinación del terreno, siguiendo las directrices del alcalde Mauricio Salazar y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Esta decisión se tomará considerando el interés público y las necesidades de la comunidad, buscando siempre el beneficio colectivo y el desarrollo sostenible del municipio.
La recuperación de este predio representa un importante logro para la administración municipal, evidenciando su compromiso con la protección de los recursos públicos y el ordenamiento del territorio. Asimismo, subraya la importancia de la coordinación interinstitucional y el respeto por la legalidad en la gestión pública.
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