La Procuraduría General de la Nación ha puesto bajo la lupa a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) debido a las circunstancias en torno a la construcción de la Fase II del Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON) en Pereira. Este proyecto ha generado preocupación debido a la contratación de una interventoría sin que el contrato de obra haya sido suscrito.
La USPEC, una vez más, está siendo objeto de investigación por parte de la Procuraduría, esta vez por la forma en que ha manejado las contrataciones relacionadas con la ampliación del penal en Pereira. A pesar de la adjudicación del proyecto desde el 28 de diciembre de 2023, con inversiones que superan los 200 mil millones de pesos, la obra aún no ha comenzado debido a problemas administrativos y financieros.
La situación ha generado preocupación en la Procuraduría, que ha levantado alertas sobre los riesgos asociados a la falta de concreción del contrato de construcción de la Fase II de la cárcel. Esta demora en la firma del contrato podría acarrear sobrecostos y reclamaciones por parte de contratistas e interventoría debido a los posibles retrasos en el cronograma de la obra.
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La Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia de la Función Pública ha iniciado una investigación para determinar si existen irregularidades en el proceso de contratación y si se ha vulnerado el principio de planeación al no cumplir con los tiempos establecidos en el Plan Anual de Adquisiciones. Los funcionarios responsables de esta contratación podrían enfrentar consecuencias disciplinarias según lo determine el operador disciplinario.
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