
Pereira inició una nueva etapa en su estrategia de seguridad con la llegada del Bloque de Búsqueda Contra el Multicrimen, un cuerpo élite integrado por más de 600 uniformados que, junto a una inversión de $35.000 millones, busca golpear las finanzas y la estructura operativa de las bandas que operan en la ciudad y la región.
La medida, presentada por el alcalde Mauricio Salazar, el ministro de Defensa y la cúpula policial, combina mayor pie de fuerza, tecnología de vigilancia y acciones judiciales para desarticular organizaciones dedicadas al homicidio y al microtráfico.
Qué trae el nuevo bloque y cómo se fortalecerá la seguridad
El Bloque de Búsqueda Contra el Multicrimen está conformado por especialidades como Policía Judicial, Grupo de Operaciones Especiales, Grupos de Operaciones Rurales, Gaula, Carabineros y Unipol. Su mandato es operar en condiciones de “alta complejidad criminal” para neutralizar la amenaza y ejecutar capturas dirigidas contra las estructuras delictivas.
Paralelamente, la administración municipal anunció la dotación con recursos por $35.000 millones, que incluyen:
- Entrega de 12 patrullas nuevas y 40 motocicletas (previstas para diciembre).
- Adquisición y despliegue de cámaras de seguridad con inteligencia artificial: inversión estimada en $21.000 millones para ampliar y modernizar la red de videovigilancia.
- Apoyo a operaciones conjuntas con Ejército y Fiscalía para trabajo de inteligencia y judicialización.
Según el alcalde Mauricio Salazar, “la administración municipal está avanzando en la ejecución de una cifra histórica en materia de apoyo a la Policía… Todo hace parte de la gran estrategia de la Alcaldía que tiene el propósito de atacar los grupos delincuenciales brindar seguridad a los pereiranos”.
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Objetivos operativos: capturas, golpe financiero y mapeo de estructuras
La Policía Nacional explicó que el bloque ya tiene una hoja de ruta y un organigrama preliminar con cerca de 200 personas identificadas en estructuras criminales locales. La estrategia contempla:
- Captura de cabecillas y desarticulación de eslabones (logística, expendio, transporte).
- Golpe a la estructura financiera de los grupos mediante extinción de dominio y operativos patrimoniales.
- Inteligencia de campo y análisis técnico para reducir homicidios ligados a la disputa territorial.
El director de la Policía Nacional, mayor general Carlos Fernando Triana, destacó que la campaña contra las finanzas del crimen ya dejó resultados: una de las más grandes operaciones de extinción de dominio contra La Cordillera y el Clan del Golfo, por más de $28.000 millones, que se presenta como un primer impacto ejecutado por las autoridades.
Respaldo institucional y mensaje disuasorio
El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, resumió la intención oficial: “la llegada del Bloque es un claro mensaje contra los delincuentes, de que venimos por ellos”. El mensaje a la comunidad fue de calma y la instrucción a los delincuentes, de entregarse o enfrentarse a la fuerza pública.
El alcalde Salazar, además, aclaró el perfil de la violencia reciente: “el 98% de los homicidios que se presentan en Pereira, tienen relación con la actividad ilícita e irregular de estas organizaciones criminales”, con lo que subrayó que la intervención prioriza combatir la violencia generada por el crimen organizado y no a la ciudadanía en general.
Tecnología y vigilancia: cámaras inteligentes y georreferenciación
La renovación tecnológica anunciada incluye cámaras con analítica avanzada —reconocimiento de placas y herramientas de videoanalítica— que, combinadas con el nuevo bloque, permitirán una respuesta más rápida y acciones preventivas basadas en datos. Esa capacidad de monitoreo deberá articularse con la Fiscalía y con los centros de mando para la priorización de operativos.
Resultados esperados y riesgos operativos
Las autoridades esperan que la combinación de operativos selectivos, inteligencia técnica y medidas patrimoniales reduzca los indicadores de homicidio y el control territorial de las bandas. No obstante, analistas y veedores locales advierten que la eficacia dependerá de:
- Coordinación interinstitucional sostenida (Policía, Ejército, Fiscalía, Alcaldía).
- Mantenimiento de garantías judiciales y legales durante las investigaciones.
- Monitoreo de derechos humanos y transparencia en las acciones de extinción de dominio.




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