La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho, estableció que cinco inmuebles ubicados en Pereira, Risaralda, cuyo valor alcanzaría los dos mil millones de pesos, habrían sido adquiridos con dineros producto del comercio ilegal de chance.
En ese sentido, las propiedades fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro.
Según las investigaciones del ente de control, los bienes pertenecerían a Javier Ocampo Galvis y María Lucelia Arenas Martínez, quienes junto a siete personas más hicieron parte de una organización delincuencial dedicada a la venta clandestina de chance en diferentes municipios de Risaralda.
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Los señalados implicados en estos hechos fueron capturados y condenados por los delitos de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.
Los bienes ocupados con fines de extinción del derecho de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para su administración.
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