La Procuraduría General de la Nación anunció la destitución e inhabilitación por ocho años de Juan David Hurtado Bedoya, quien ocupó el cargo de Contralor de Pereira durante el período 2019-2020. Esta medida se fundamenta en una falta gravísima atribuida al exfuncionario, y ha sido calificada como una sanción ejemplar para garantizar el cumplimiento de las normativas legales en el ejercicio de la función pública.
Razones detrás de la sanción
El ente de control determinó que el Concejo Municipal de Pereira eligió a Hurtado Bedoya como Contralor Municipal para los dos años restantes del período constitucional, a pesar de que el ahora sancionado había desempeñado funciones como ordenador del gasto el año anterior a su designación.
Según la normativa vigente, estipulada en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1952, modificado por el artículo 9 de la Ley 2094, los aspirantes a cargos como el de contralor deben cumplir con un período mínimo de doce meses fuera de roles directivos o relacionados con el manejo presupuestal antes de ser elegidos. Este incumplimiento constituyó una falta gravísima a título de culpa gravísima, según el dictamen de la Procuraduría.
La decisión de la Procuraduría General de la Nación impone a Hurtado Bedoya una inhabilidad general de ocho años, lo que le impedirá ejercer cargos públicos durante este período. Este tipo de sanciones están contempladas para fortalecer los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.
En su comunicado oficial, el órgano de control expresó: «Se declara probado el cargo único por la comisión de una falta gravísima a título de culpa gravísima, cuya sancionatoria, al tenor de lo previsto en el numeral 2 del artículo 48 de la Ley 1952, modificada por el artículo 9 de la Ley 2094, es la destitución e inhabilidad general de 8 a 10 años».
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Apelación presentada por Hurtado Bedoya
El afectado, Juan David Hurtado Bedoya, presentó un recurso de apelación ante la sanción impuesta. Se espera que el fallo de segunda instancia determine si la destitución y la inhabilidad serán ratificadas o modificadas.
Mientras tanto, la Procuraduría mantiene su postura firme en la aplicación de las leyes vigentes, reiterando la importancia de cumplir con las disposiciones legales para acceder a cargos públicos.
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