Las autoridades ambientales anunciaron la demolición de construcciones ilegales detectadas dentro del Distrito de Conservación de Suelos Barbas–Bremen, una de las áreas ecológicas más estratégicas del departamento de Risaralda, ubicada en zona rural de Pereira. La decisión se toma luego de un nuevo operativo que evidenció el incumplimiento reiterado de medidas preventivas y sanciones vigentes desde el año 2021.
Durante la inspección liderada por la Carder, con acompañamiento de la Policía Metropolitana y la Corregiduría de La Bella, se confirmó que en un predio previamente intervenido no solo se desatendieron las órdenes de demolición emitidas en 2025, sino que además se levantaron cuatro nuevas edificaciones, una de ellas dentro de una zona boscosa, bajo la modalidad de cabaña.
De acuerdo con el informe técnico, estas estructuras fueron construidas sin ningún tipo de permiso ambiental ni cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo del área protegida Barbas-Bremen, lo que agrava el impacto sobre el ecosistema y evidencia una ocupación irregular persistente. Las autoridades también detectaron la venta ilegal de lotes, práctica que acelera la fragmentación del suelo de conservación.
El director de la Carder, Julio César Gómez, fue enfático al advertir sobre las consecuencias de este desacato reiterado:
“Venimos a decirle a la gente que por favor atiendan los llamados que ha hecho la autoridad, tanto ambiental como la Corregiduría, porque la totalidad de los predios que hay en este sector van a ser demolidos. Ya se están adelantando todos los procesos, lo lamentamos mucho que la gente esté haciendo caso omiso de estos procesos de notificación que estamos haciendo las autoridades.”.
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Las autoridades ambientales señalaron que la expansión de construcciones ilegales en Barbas-Bremen representa una amenaza directa para los recursos hídricos, la biodiversidad y la conectividad ecológica del corredor ambiental Barbas-Bremen, considerado clave para el equilibrio ambiental del departamento.
Ante esta situación, se anunció la apertura de un nuevo proceso sancionatorio ambiental contra los responsables y el fortalecimiento de los controles institucionales para frenar la ocupación irregular en esta zona de conservación, donde cualquier intervención sin autorización constituye una infracción grave.
La demolición de las edificaciones se realizará una vez culminen los procedimientos administrativos en curso, reiterando el llamado a la ciudadanía para respetar las áreas protegidas y acatar las decisiones de la autoridad ambiental.
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