Un nuevo capítulo se abre en el escándalo de corrupción en la UNGRD, luego de que la Corte Suprema de Justicia llamara a juicio al senador Juan Pablo Gallo, junto a otros cinco congresistas investigados por su presunta participación en un entramado de irregularidades relacionado con la aprobación de operaciones de crédito público.
La decisión fue tomada por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que existen elementos suficientes para que los legisladores respondan ante la justicia por el delito de cohecho impropio en el caso de la UNGRD, uno de los escándalos más relevantes de corrupción que ha salpicado al Congreso en los últimos años.
Corte Suprema abre proceso contra cinco congresistas por caso UNGRD
En su decisión, la Corte Suprema de Justicia acusó formalmente a cinco congresistas y un excongresista de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP) por su presunta participación en el entramado de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Los legisladores llamados a juicio son:
- Juan Pablo Gallo
- Liliana Esther Bitar Castilla
- Julián Peinado Ramírez
- Juan Diego Muñoz Cabrera
- Wadith Alberto Manzur Imbett
- Karen Astrith Manrique Olarte
Dentro de la misma decisión judicial, la Corte ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur y Karen Manrique, quienes además resultaron reelegidos para el nuevo Congreso.
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Senadores deberán responder por presunto cohecho impropio
Según la investigación adelantada por el alto tribunal, los congresistas habrían pactado con funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro la emisión de conceptos favorables sobre operaciones de crédito público, a cambio de beneficios relacionados con proyectos de obra pública e interventorías.
Estos proyectos habrían sido tramitados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con un monto estimado cercano a 92.000 millones de pesos.
La Corte consideró que existen pruebas suficientes para sostener que los legisladores podrían haber recibido beneficios indebidos para influir en sus decisiones dentro de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, lo que configuraría el delito de cohecho impropio.
Proyectos de la UNGRD habrían sido utilizados para favorecer a congresistas
Según el material probatorio recopilado por la Corte Suprema de Justicia, durante varias reuniones documentadas se habrían definido beneficios para los congresistas mediante el impulso de contratos y obras de interventoría en proyectos financiados por la UNGRD.
Entre los proyectos mencionados dentro del proceso judicial se encuentran iniciativas en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar, que habrían sido utilizadas para canalizar beneficios derivados de la presunta negociación.
Las autoridades judiciales continúan analizando la documentación y los testimonios recopilados para determinar la responsabilidad de cada uno de los implicados dentro del proceso.
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