La Secretaría de Gestión Administrativa presentó su informe de gestión correspondiente al primer semestre de 2023, destacando importantes logros que han contribuido al bienestar de los empleados municipales. Estos logros incluyen la financiación de los pagos de bonos pensionales y los procesos de contratación para la adquisición de equipos de seguridad y salud laboral.
“Es positivo el balance y es una clara demostración que la administración municipal, en las competencias que le han sido entregadas a nuestra Secretaría, se están cumpliendo al 100%. Hemos dejado ver las gestiones que estamos haciendo en temas de materia contractual y bienestar laboral, lo cual está aportando en gran medida al buen funcionamiento de la administración y en sacar adelante los proyectos del Plan de Desarrollo del señor Alcalde Carlos Maya”, expresó Duparfay Buitrago, Secretario de Gestión Administrativa.
Entre las gestiones destacadas por los concejales se encuentra el trabajo realizado desde el Fondo Territorial de Pensiones. La administración municipal, a través de la Secretaría de Gestión Administrativa, presentó un informe sobre el costo de la nómina pensional del municipio, que asciende a $17.000 millones. Se espera que el Ministerio de Hacienda apruebe un subsidio del 75% de este valor.
“Esto indica que recibiremos un subsidio de alrededor de $12.000 millones por parte de la Nación, para poder suplir esa necesidad y no habría que hacer el gasto de nuestros recursos”, explicó el funcionario.
“Esto es resultado del trabajo juicioso que hacemos por parte de la Secretaría, desde donde presentamos el informe en los tiempos estipulados y debido a esto estamos siendo favorecidos con este subsidio, y esto es lo que pasa cuando los municipios son diligentes en la ejecución de los presupuestos”, agregó Buitrago.
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En cuanto al bienestar laboral, el titular del despacho informó que actualmente la administración se encuentra en proceso de contratación para adquirir elementos de protección personal, recursos ergonómicos y medidas de seguridad industrial destinados a los funcionarios, personal administrativo del ámbito educativo y trabajadores oficiales. El monto asciende a $643.000.000.
Finalmente, indicaron que 1.033 trabajadores de la Secretaría de Educación se han beneficiado con la implementación de medidas para reducir el riesgo psicosocial a través de la aplicación de baterías de evaluación.
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