El proceso judicial por el impactante crimen del padre Darío Valencia dio un giro decisivo luego de que Julián Eduardo Cifuentes aceptara formalmente los cargos imputados en su contra, tras escuchar durante más de seis horas la narración detallada y estremecedora presentada por la Fiscalía General de la Nación sobre cómo se habría perpetrado el homicidio del sacerdote Darío Valencia Uribe.
De acuerdo con la reconstrucción oficial, los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2024, cuando Cifuentes, esta persona se habría encontrado con el sacerdote, subido a su vehículo para concertar el pago de 30 millones de pesos por la compra de una camioneta. Por razones aún no reveladas, de manera consciente y voluntaria, disparó por la espalda al sacerdote mientras este se encontraba dentro de su camioneta. Según el ente acusador, el atacante aprovechó la confianza y la condición de indefensión de la víctima, configurando así un delito con agravantes.
Tras cometer el asesinato, el hoy procesado trasladó el cuerpo hasta un abismo ubicado en zona rural de Belalcázar (Caldas) con la intención de ocultarlo y dificultar su hallazgo. Posteriormente, condujo la camioneta hasta un lavadero en el municipio de Viterbo, donde llegó en estado empantanado y portando guantes. Allí solicitó que retiraran la silla ensangrentada e intentó borrar toda evidencia que lo vinculara con el hecho.
En el vehículo, las autoridades encontraron elementos fundamentales para la investigación, entre ellos vainillas, armas de fuego, una navaja y otros objetos que permitieron fortalecer la hipótesis de la Fiscalía y respaldar la imputación.
Cuatro días después del crimen, Cifuentes abandonó el país con destino a Francia, lo que llevó a las autoridades colombianas a emitir una notificación roja de Interpol y tramitar una solicitud formal de extradición. Finalmente, fue localizado y entregado para responder ante la justicia colombiana.
Gracias al trabajo articulado del CTI y el Gaula, el cuerpo del sacerdote fue hallado cinco meses después, en septiembre de 2024, lo que permitió avanzar en el proceso judicial y consolidar pruebas clave. Con estos hallazgos, la Fiscalía formuló cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y destrucción de evidencia, delitos que podrían acarrear una condena de hasta 400 meses de prisión.
Lea también: Medicina Legal confirmó que restos hallados en Belalcázar si corresponden al Padre Darío Valencia
Durante la audiencia, Cifuentes se mostró visiblemente alterado, nervioso e inquieto, y finalmente decidió aceptar los cargos, lo que podría significar una reducción de pena de hasta el 50%, según la normativa vigente.
Un juez de control de garantías consideró que el procesado representa un peligro para la comunidad y un riesgo para el adecuado desarrollo del proceso judicial, por lo que ordenó una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se avanza hacia la sentencia condenatoria. La próxima audiencia fue programada para el primer trimestre del próximo año, momento en el que se definirá su situación jurídica final.
Deja tu comentario