Tenso resultó el ambiente en la rueda de prensa que la Gobernación de Risaralda realizó ayer en la mañana y en la que también participaron autoridades policiales y militares del departamento.
El corregimiento de Puerto Caldas es más cercano a Cartago que a Pereira, pero pertenece a la capital
El gobernador Carlos Alberto Botero López hizo declaraciones que molestaron a varios periodistas y descalificó las denuncias que recientemente hicieron varias entidades defensoras de derechos humanos y que también hicieron a este medio algunos habitantes de Puerto Caldas, sobre el presunto secuestro de tres menores que además habrían sido inducidas al negocio de microtráfico.
En la reunión, primero los comandantes del Ejército en Risaralda y de la Policía Metropolitana y de Risaralda mostraron balances de sus operatividades durante el 2014. Dichos balances ya habían sido dados a conocer a los medios en ruedas de prensa, comunicados o entrevistas y fueron publicados desde finales del año pasado.
En la intervención de la Policía Metropolitana de Pereira, el Gobernador interrumpió al Coronel Juan Carlos León y dijo que era para poner en contexto a los asistentes sobre el tema de Puerto Caldas y anunció que iba a desvirtuar que en ese corregimiento Pereirano hubiera ocurrido un secuestro.
Para contradecir las denuncias de las entidades de derechos humanos, Defensoría del Pueblo y medios de comunicación, empezó diciendo que no creía que una madre no denunciara que a su hija la habían secuestrado y no acudiera a las autoridades a poner el denuncio. Indicó que ninguna entidad en Risaralda tenía denuncias sobre esos casos.
Después le dio paso a la subteniente Johana Londoño de la Policía de Infancia y Adolescencia, quien precisó que: “el pasado 21 de enero hicimos una diligencia de retiro de dos adolescentes en Puerto Caldas. El día anterior (20 de enero) la madre de una de las adolescentes acude a la policía y solicita acompañamiento para el retiro porque su hija, una menor de 13 años, había sido sacada de su residencia el 31 de diciembre por sujetos desconocidos, en contra de su voluntad para ejercer la venta de estupefacientes en el sector de Combia, entonces pedimos el acompañamiento de Bienestar Familiar y el miércoles nos acercamos al lugar referenciado. Encontramos que la joven tiene 15 años de edad y no 13 y que estaba conviviendo con su compañero sentimental, con previo conocimiento de su señora madre. En la vivienda encontramos a otra menor de 15 años que está en estado de gestación y de igual manera estaba conviviendo con su pareja”.
Las declaraciones de la oficial Londoño dejaron ver que efectivamente el 20 de enero la madre acudió a denunciar que a su hija se la llevaron a las malas y que presumía que podría ser inducida al negocio del microtráfico, tal y como lo habían denunciado entidades defensoras de derechos humanos y LaTarde en un informe publicado el viernes 16 de enero, en el que habitantes de Puerto Caldas dijeron además que las niñas estaban en ese caserío y que la vivienda en la que estaban queda a pocos metros de la estación de Policía.
Sobre si hay informaciones de que los, aparentes, compañeros sentimentales de las dos menores están ligados a la venta de alucinógenos las autoridades no dieron detalles. El coronel León solo dijo “en eso estamos. Vamos adelantando investigaciones”.
Pese a que según la Policía de Infancia y Adolescencia, las dos niñas son mayores de 14 años y convivían con sus parejas, con el presunto consentimiento de sus mamás, las menores quedaron bajo protección del Instituto de Bienestar Familiar. Una de ellas en las seccionales de Cartago, ya que es oriunda de ese municipio y la otra a cargo de la regional Risaralda.
El gobernador arremetió contra quienes hicieron las denuncias de la situación en Puerto Caldas. Dijo que hay personas que dan informes que no comparten desde la Gobernación.
“No es posible que particulares o entidades puntuales tengan mayor sistema de inteligencia que las autoridades fiscales, policiales o militares”.
El mandatario Risaraldense aprovechó la reunión para hacerle una petición a los medios de comunicación de hacer más eco a las cosas buenas que pasan en la región y dijo que la prensa a veces se queda corta en mostrar los aspectos positivos.
“Sería muy bueno ver las dos caras de la moneda, no solo lo malo. A veces la gente se lleva una sola visión de la cara de la moneda entorno a que hay cosas que no se están solucionando o que el departamento no tiene unos esquemas de seguridad adecuados”.
También contradice a la policía de Medellín
El gobernador de Risaralda, Carlos Botero, también dijo en su intervención ante los medios de comunicación, que en Villasantana no habían ocurrido secuestros el año pasado, al referirse al caso revelado a nivel nacional por la Policía Metropolitana de Medellín, que rescató la semana pasada en el barrio Villa Niza a María Kelly Jordán, de 23 años, universitaria oriunda de Chocó y residente en el barrio Bella Vista de la comuna Villasantana. La misma afectada denunció a las autoridades de policía de Medellín, que el pasado 6 de diciembre, a pocos metros de su casa la abordaron, la amarraron de pies y manos y la montaron en un carro en el que la llevaron a Medellín. El coronel León sobre este caso dijo que la joven había viajado a la capital de Antioquia por voluntad propia.
Esto no solo contradice a la Policía de Medellín, si no a las denuncias que también hizo el padre de la joven el 12 de diciembre, ante el Gaula del Ejército en la cual manifestó que a su hija la habían secuestrado.
El 20 de enero, día en que rescataron a María Kelly, el mayor Carlos Alberto Tamayo Chaparro del Gaula Militar en Pereira, manifestó que la denuncia recibida fue por secuestro en Villasantana y que conforme a esa denuncia estaban haciendo las investigaciones.
Después de 19 días habló el Coronel Medina
El Coronel Pedro Javier Medina López, Comandante del Batallón San Mateo de Pereira, después de 19 días, dio declaraciones sobre el robo de la ametralladora M60 por parte de los Indígenas en el Chocó a hombres del Batallón San Mateo de Pereira.
El oficial hizo un recuento de como fue el robo, señaló que los indígenas atacaron a sus hombres y que el Ejército no agredió a esa comunidad.
Puntualizó que con esa comunidad hicieron acercamientos con varios garantes en incluso con Mónica Gómez, consejera de paz y derechos humanos de la Gobernación de Risaralda para que devolvieran el arma pero que no ha sido posible dicha devolución.
El oficial además confirmó las versiones que publicó Latarde, el pasado 8 de enero, sobre que el Ejército tenía interceptaciones y comunicaciones en las que se evidenciaba que la M60 habría sido entregada por los indígenas a grupos guerrilleros.
El oficial manifestó que los indígenas están motivados por grupos guerrilleros para hurtarle las armas al Ejército y para impedir las operaciones de los soldados en esa zona del país.
Cabe recordar que hay informaciones extraoficiales que indican que el fusil fue vendido por los indígenas a los guerrilleros en unos 200 mil pesos.
El arma tiene un costo nueva de 14 millones de pesos.
Alcalde de la Virginia SE REFIERE A LAS BACRIM
En entrevista la semana pasada con Latarde, el alcalde de La Virginia (Risaralda) Nelson Palacio Vásquez manifestó contundentemente que en el departamento no operaban las Bacrim, pero aceptó que si puede haber presencia de ellas, sobre todo en el Área Metropolitana, ya que esta zona les sirve como “punto de encuentro y la utilizan para refugiarse”.
Palacio incluso puso como ejemplo que delincuentes de bandas criminales podían acordar encuentros en Pereira, Dosquebradas o La Virginia, para coordinar algún tipo de negocio ilegal.
Palacio es la única autoridad en Risaralda que ha aceptado la presencia de bandas criminales en el departamento, así sea como sitio de refugio, pues el gobernador, los alcaldes de Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas y las autoridades militares, fiscales y del Ejército insisten que en esta zona del país no hay presencia de ese tipo de delincuentes y detallan que las que operan en Risaralda son bandas delincuenciales.
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