El municipio industrial de Risaralda vuelve a estar en el centro de la polémica. Un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra tres de los cinco señalados en un proceso por presunta corrupción en Dosquebradas, relacionado con la contratación de las Fiestas Aniversarias de los 50 años del municipio, celebradas hace tres años.
Los enviados a prisión
Las personas que deberán cumplir la medida en un centro carcelario son:
- Carlon Londoño Sánchez, actual concejal de Belén de Umbría.
- Yolima María Bueno, exsecretaria de Cultura y actual secretaria de Desarrollo Social.
- Jorge Augusto Arias, representante legal de la empresa fachada que habría gestionado la contratación.
De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los tres señalados habrían liderado un entramado de corrupción en la contratación pública, que permitió la apropiación indebida de más de 242 millones de pesos, recursos que debían destinarse a la conmemoración del aniversario municipal.
Contrato bajo la lupa
La investigación reveló que en 2022 se adjudicó un contrato por más de 761 millones de pesos a la Fundación Marchando por Colombia, entidad que habría servido como fachada para el presunto desvío de dineros públicos.
Según el ente acusador, el mecanismo utilizado incluyó falsedad ideológica en documento público y la celebración indebida de contratos con el fin de justificar los recursos que terminaron en manos de particulares.
Dos implicadas seguirán en libertad
En contraste, el juez permitió que Angélica María Raigosa, exjefe de prensa de la Alcaldía, y Natalia Trilleras, exdirectora operativa, sigan vinculadas al proceso en libertad mientras avanza la investigación judicial.
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Los delitos imputados
Los cinco procesados enfrentan cargos por:
- Peculado por apropiación.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Falsedad ideológica en documento público.
La Fiscalía explicó que estos delitos habrían permitido que los recursos destinados a las celebraciones oficiales de Dosquebradas terminaran siendo malversados a través de contratos irregulares.
El caso de corrupción en Dosquebradas continuará su curso en los estrados judiciales, con el propósito de determinar la responsabilidad penal de cada uno de los implicados y esclarecer el uso de los recursos públicos.
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