Menor golpeada
La violencia ejercida contra una menor de edad perteneciente a la comunidad Emberá Gito Dokabu en Risaralda ha generado indignación nacional y encendió las alarmas sobre la necesidad urgente de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes en territorios indígenas. El hecho quedó registrado en un video que ha circulado ampliamente en redes sociales, en el que se observa a una joven, aparentemente menor de edad, siendo amarrada y brutalmente golpeada con varas por dos hombres, mientras una mujer presencia la escena.
El vocero de la comunidad indígena Emberá Gito Dokabu, Darío Restrepo Nembaregama, confirmó que la menor agredida pertenece a su organización y señaló que la joven se encuentra con vida y acompañada por su familia, tras los hechos ocurridos en un territorio indígena del pueblo Dokabu.
“Sí hubo unos maltratos a la niña en un territorio indígena Dokabu, pero a nombre de la autoridad y quien les habla, nosotros rechazamos los maltratos a las mujeres… a las mujeres no se les pueden tocar, a las mujeres hay que valorárseles”, declaró el líder Emberá, visiblemente afectado por lo ocurrido.
En un hecho que demuestra el compromiso de la comunidad con la justicia, el líder Restrepo informó que la jurisdicción indígena ya realizó la captura de los presuntos responsables de la agresión. Asimismo, confirmó que han sostenido reuniones con la Fiscalía del municipio de Apía (Risaralda) para avanzar en una articulación entre las autoridades indígenas y estatales.
“Nosotros como jurisdicción indígena ya tenemos capturado a los presuntos que hicieron el maltrato a la niña. Ya tuvimos una entrevista con la Fiscalía del municipio de Apía y estamos haciendo un trabajo de articulación de las autoridades indígenas y las autoridades del Estado”, agregó.
Además, el vocero indicó que en los próximos días se reunirán con integrantes del Consejo Regional Indígena de Risaralda (CRIR) para analizar de fondo la situación y establecer canales que garanticen justicia y reparación para la víctima.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también se pronunció y tomó acción de forma inmediata. La Regional Risaralda del ICBF dispuso un equipo psicosocial especializado para acompañar a la menor y a la Comisaría de Familia, que por competencia asumió el caso como un hecho de violencia intrafamiliar en comunidad indígena.
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La entidad también activó un servicio de intérprete para facilitar la comunicación con la menor, en respeto a su lengua y cosmovisión cultural. Como parte de las medidas, el ICBF inició un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos y se determinó su ubicación en una medida de protección especial, con el fin de salvaguardar su integridad, salud física y emocional.
Desde el ICBF se aseguró que estas acciones buscan prevenir la repetición de hechos similares y garantizar un entorno seguro para la joven, promoviendo a su vez acciones diferenciales que respeten y protejan la pervivencia cultural del pueblo Emberá.
El caso ha despertado una oleada de reacciones desde diferentes sectores de la sociedad colombiana, que exigen una sanción ejemplar a los responsables y mayor vigilancia institucional para prevenir nuevas agresiones. Organizaciones de derechos humanos, colectivos indígenas y autoridades nacionales coinciden en que no puede haber tolerancia frente a la violencia contra menores, sin importar el contexto cultural.
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