La Presidencia designó a la directora técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior como gobernadora “ad hoc” para que decida si se clausura o no el único centro en Colombia que le rinde culto al diablo. El decreto sale tres años después de que el gobernador se declarara impedido para hacerlo.
Después de varios años de calma, el debate en torno al cierre de la única iglesia en Colombia que le rinde culto al diablo vuelve a estar sobre la mesa. Se trata de la Asociación Templo Luciferino Semillas de Luz, ubicada en la vereda Aguacatal, municipio de Quimbaya, en el Quindío. Si bien desde 2016 empezaron las suposiciones de que su funcionamiento era ilegal, apenas el pasado 2 de agosto la Presidencia de la República designó a Beatriz Lorena Ríos Cuéllar, directora técnica de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior, como gobernadora ad hoc para decidir si el templo debe o no cerrarse.
En el año 2016, el gobernador Osorio se declaró impedido para “iniciar las acciones legales y procedimentales correspondientes a la cancelación de la personería jurídica, y por ende, el registro mercantil respectivo, de la existencia y de la representación legal de la sociedad sin ánimo de lucro”, porque es sacerdote de profesión.
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Ciertamente, los argumentos para clausurar el sitio siguen siendo motivo de debate. El gobernador Osorio se mantiene en la postura de hace tres años y reiteró que la misma ley puede dar por terminada su personería jurídica. Específicamente, se refiere a la sentencia T-200 de 1995 de la Corte Constitucional, en la que el alto tribunal expone las limitaciones a la hora de practicar la fe, cualquiera que sea.
Corte Constitucional
“Si bien el Estado se halla obligado por las normas constitucionales a permitir que los fieles de las distintas religiones tomen parte activa en los ritos propios de sus creencias, sin obstáculos ni impedimentos, los agentes estatales no pueden permanecer pasivos ante situaciones que, desbordando el curso razonable de las ceremonias religiosas, impliquen daño o amenaza a la vida, la integridad personal o la dignidad de los concurrentes o de terceros”.
Según la administración departamental, y cobijada bajo la sentencia de la Corte, cerrar el templo sí es posible en un Estado laico, como Colombia. “Si bien somos un Estado laico, el país no promueve sectas que inciten al desorden. Ningún Estado reconocerá, por ejemplo, una secta suicida. La nación habla y reconoce organizaciones armónicamente constituidas y que buscan el bien. No su negación”, explicó Osorio.
“Que nos cierren es imposible. Estamos en un país donde hay libertad de cultos, por eso estoy totalmente tranquilo. Aquí no practicamos actos ilícitos, ni promovemos la anarquía, ni nada que desate el desorden. Estamos bajo el marco legal y no veo argumento para que nos clausuren”, aseguró El fundador.
En todo caso, el debate apenas comienza. Beatriz Lorena Ríos Cuéllar fue notificada el pasado 13 de agosto como gobernadora ad hoc y asumirá esa función el próximo viernes 23. Solo entonces recibirá el caso para estudiarlo y proceder. Por ahora, el futuro legal del Templo Luciferino Semillas de Luz sigue siendo incierto y hasta pareciera que los mismos mandatarios —gobernador y alcalde— le habían perdido el rastro.
Para el fundador e “hijo del demonio” (como se considera a sí mismo), aunque le cancelen la personería jurídica, no pueden restringir sus iniciaciones satánicas ni su lucha contra la “gran ramera”, como llama a la Iglesia católica. “El templo está construido en una propiedad privada (su finca) y podré seguir invitando a quien yo quiera”, puntualizó.
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