Mientras Caldas pacta tarifas de $700 con la ANI, el departamento vecino paga más de $22.000 por trayecto; ciudadanos exigen frenar la concesión por otros 30 años.
¿Por qué protestaron los ciudadanos en el peaje de Circasia y cuánto recauda al año?
Los ciudadanos y el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Miguel Ángel Grisales Suárez, protestaron en el peaje de Circasia, ubicado en la Autopista del Café (Quindío), para exigir que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) incluya al departamento en las mesas de renegociación vial. La movilización social reveló que este punto recauda cerca de $77.000 millones al año, consolidándose como uno de los más costosos del país con una tarifa que supera los $22.000, en contraste con los cobros diferenciales de $700 concertados en el departamento de Caldas. Los manifestantes rechazan el proyecto IP Conexión Centro y la prórroga contractual por tres décadas a la multinacional Odinsa.
Las talanqueras del peaje de Circasia suben y bajan de forma ininterrumpida cada pocos segundos, acompañadas por el frío sonido metálico de las monedas y los comprobantes de pago que se acumulan en las cabinas de recaudo. Por esta delgada franja de asfalto que divide el paisaje verde del Quindío transita buena parte de la economía del Eje Cafetero, pero también una profunda sensación de agravio comunitario. Mientras los conductores entregan sus billetes con resignación, a pocos metros un grupo de ciudadanos decidió plantarse frente al flujo vehicular para visibilizar una enorme asimetría económica que, según ellos, está frenando el desarrollo.
El contraste tarifario que encendió la movilización
La indignación que movilizó a transportadores, líderes sociales y habitantes de la región este sábado se alimenta de una comparación matemática directa. En el vecino departamento de Caldas, las mesas de concertación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) permitieron establecer tarifas diferenciales de apenas $700 para las comunidades afectadas por los proyectos viales.
En contraste, cruzar la estación de Circasia implica un desembolso que supera los $22.000 por trayecto para los vehículos particulares, una cifra que los manifestantes calificaron como desproporcionada y abusiva frente a los ingresos promedio de los usuarios locales. El congresista Miguel Ángel Grisales Suárez, quien acompañó la jornada de protesta en la Autopista del Café, expuso las dimensiones de la operación financiera que se ejecuta diariamente en este punto estratégico.
“Este peaje de Circasia recauda cerca de $77.000 millones de pesos al año, siendo no solo el más costoso del Eje Cafetero, sino del país”, reveló el legislador a través de sus canales oficiales de comunicación.
La exigencia de una silla en la mesa técnica
El núcleo del reclamo ciudadano no se limita al malestar por el valor actual del tránsito obligatorio, sino a la exclusión del Quindío en los espacios donde se define el futuro de la infraestructura regional. Los colectivos sociales exigieron formalmente a la presidencia de la ANI la apertura de un cupo permanente en las mesas de negociación donde se revisan los contratos de concesión que conectan al departamento con Risaralda.
Bajo la premisa de que “las vías son para la gente y no para el negocio”, los manifestantes arengaron contra lo que denominaron un modelo privatizador que prioriza el rendimiento corporativo sobre el bienestar de los habitantes del Eje Cafetero. El sector inconforme argumenta que el mantenimiento y la expansión de las carreteras nacionales son perfectamente sostenibles bajo un modelo con mayor presencia del Estado, disminuyendo la dependencia de intermediarios privados.
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El freno al proyecto IP Conexión Centro
La mayor preocupación de los usuarios de la vía apunta hacia el largo plazo. La multinacional Odinsa, actual operadora de la Autopista del Café, ha manifestado su interés de renovar la concesión para administrar el corredor vial por un periodo adicional de 30 años, una intención que se materializa a través del proyecto denominado IP Conexión Centro.
Para los líderes de la protesta, prolongar este esquema contractual por tres décadas más significaría perpetuar un esquema de cobros que consideran lesivo para la competitividad turística y comercial del Quindío. La jornada culminó de manera pacífica, pero con la advertencia de que las movilizaciones sobre la berma de la autopista continuarán escalando si la ANI insiste en firmar adiciones contractuales a espaldas de los gremios y las comunidades locales.
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