La Procuraduría encontró presuntas irregularidades en el convenio de la línea de emergencia.
El gobernador de Quindío, Carlos Eduardo Osorio Buriticá y otros tres funcionarios de la administración fueron citados por La Procuraduría General de la Nación a audiencia pública por presuntas irregularidades en la implementación del Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES) y la línea de atención 123 por un valor superior a $2360 millones.
Los otros funcionarios
Los otros funcionarios llamados a audiencia son el secretario del Interior, Héctor Alberto Marín Ríos; la directora de Desarrollo Comunitario, Seguridad, Convivencia y Participación Ciudadana del departamento, Juliana Hernández Henao, y el gerente y representante legal de la Empresa para la Seguridad Urbana (ESU), David Viera Mejía.
Presunta irregularidad
“Al parecer en la adjudicación presuntamente se evadió el proceso de licitación pública y se habría otorgado, mediante la modalidad de contratación directa, a una empresa que aparentemente no contaba con la capacidad técnica ni operativa para ejecutarlo, en este caso a la ESU”, explicó el Ministerio Público.
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El organismo de control señaló que ante la aparente imposibilidad de realizar los trabajos contratados, ESU subcontrató a un tercero, con lo que terminó cumpliendo un papel de intermediario, lo que habría incrementado en un 10% los costos de ejecución.
Por esos hechos, la Procuraduría calificó la presunta conducta del gobernador Osorio Buriticá como una falta gravísima a título de culpa grave. Los restantes habrían cometido una falta gravísima con culpa gravísima. La audiencia pública fue fijada para el 3 de septiembre a las 9:00 de la mañana.
Por su parte, el gobernador Osorio Buriticá señaló que “nosotros no tenemos ni sentimos una culpa, pero es a los entes de control a los que les toca preguntar y nosotros aclarar. Estamos tranquilos. Hasta que no haya un fallo no emitimos un concepto, sería irresponsable. Estamos confiados en que todo va a salir bien, creo en el Estado de Derecho”.
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