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Fiscalía pide 9 años de cárcel para Álvaro Uribe y millonaria multa tras fallo de este lunes

Fiscalía solicita 9 años de prisión y más de $1.400 millones de multa para Álvaro Uribe; defensa apelará.

En un hecho sin precedentes en la historia reciente de Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco del proceso judicial conocido como el “juicio del siglo”. Esta sentencia, emitida por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, convierte al exmandatario en el primer expresidente colombiano condenado por la justicia ordinaria.

La audiencia de lectura del fallo condenatorio, que se extendió por más de diez horas, tuvo lugar el lunes 28 de julio. Sin embargo, la lectura oficial de la sentencia quedó programada para el próximo 1.º de agosto. Por su parte, la defensa del exmandatario anunció que apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.

Fiscalía pide condena ejemplar contra Uribe Vélez

Durante la diligencia judicial, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, solicitó una pena de nueve años de prisión (108 meses), junto con una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, equivalentes a cerca de 1.458 millones de pesos colombianos.

“La pena para los dos delitos va de 6 a 12 años. Teniendo en cuenta las agravantes, solicitamos una condena de 108 meses”, afirmó la fiscal Orjuela.

La Fiscalía también pidió un incremento proporcional de la sanción debido a la gravedad de los hechos, que incluyen múltiples episodios de soborno y tres eventos de fraude procesal.

A pesar del fallo, la jueza no ordenó la captura inmediata de Álvaro Uribe, argumentando que la pena mínima le permitiría acceder a prisión domiciliaria.

“El hombre más poderoso del país”, según la jueza

En su exposición, la jueza Sandra Heredia no escatimó en señalar la responsabilidad directa del exmandatario en una estrategia sistemática para obstruir la justicia. En sus palabras:

“Se hace merecedor de una condena privativa de la libertad. Se trata de una conducta reiterada, sistemática y con la clara intención de obstruir la justicia”.

Heredia describió a Uribe como “el hombre más poderoso del país”, y destacó el papel del abogado Diego Cadena como pieza clave en el entramado delictivo. Según la jueza, Cadena actuó “instigado por Uribe”, quien habría ordenado visitas a cárceles para convencer a testigos de modificar declaraciones o incriminar al senador Iván Cepeda.

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Defensa de Uribe apelará fallo condenatorio

El equipo jurídico del expresidente, liderado por el penalista Jaime Granados, calificó el fallo como “injusto” y reafirmó que Uribe “mantiene intacta su presunción de inocencia”.

“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas por la juez. Esta no es una decisión definitiva y será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá. Si es necesario, acudiremos a la Corte Suprema de Justicia”, afirmó Granados.

El caso que Uribe inició y que terminó en su contra

Paradójicamente, el proceso judicial comenzó en 2012, cuando Uribe denunció a Iván Cepeda por presunta manipulación de testigos. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia no solo archivó la denuncia contra Cepeda, sino que abrió una investigación contra el expresidente por, presuntamente, haber intentado torcer testimonios en su favor.

Este proceso se convirtió en uno de los más mediáticos de las últimas décadas, acaparando la atención nacional e internacional. La decisión judicial actual representa solo una etapa, ya que la defensa de Uribe tiene derecho a agotar todas las instancias judiciales, lo que podría extender el caso por varios años.

Una decisión que marca un antes y un después en la justicia colombiana

El juicio a Álvaro Uribe no solo es histórico por tratarse del primer expresidente colombiano condenado y que podría ser privado de la libertad en centro carcelario, sino también por demostrar que, a pesar de las presiones políticas, el sistema judicial puede avanzar en procesos que ponen a prueba la independencia, la justicia y la igualdad ante la ley.

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