El pasado viernes, 12 de noviembre el presidente de Colombia, Iván Duque sancionó la Ley del Presupuesto General de la Nación 2021, pese al fallo del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Bogotá, a pesar de las múltiples oposiciones, no se modificó el artículo que suspende la aplicación de la misma.
“Sancionamos la ley del Presupuesto General de la Nación 2022 que prioriza la asignación de recursos en atención social a población vulnerable, el apoyo al crecimiento económico y la generación de empleo, y cuenta con un monto de inversión histórico que alcanza los $69,6 billones”, indicó el presidente.
Al respecto, cuatro congresistas adelantaron procesos judiciales para demandar la decisión frente a la Ley de Garantías.
Junto a ellos, un grupo de líderes y analistas políticos aseguran que esto puede suponer un riesgo inmenso de fraude en las elecciones del próximo año, ya que habilita la celebración de convenios interadministrativos con alta discrecionalidad para ejecutar recursos públicos.
Uno de los demandantes es el senador y precandidato presidencial Roy Barreras, que anunció a través de sus redes sociales «… la inconstitucionalidad que impedirá que eliminen la Ley de Garantías y conviertan el presupuesto en piñata electoral».
Katherine Miranda del partido Alianza Verde utilizó sus medios sociales para mostrar su opinión “El presidente se burla y se salta la Constitución al sancionar una ley que viene con un mico terrible que es la derogación de la Ley de Garantías, a través de la Ley de Presupuesto, algo que es a todas luces es inconstitucional”.
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Los otros demandantes son los representantes de Cambio Radical, el exministro David Luna y el representante José Daniel López, quienes aseguran en un documento que «el presidente Duque le dio vía a libre a modificar la Ley de Garantías, esto es un golpe para la democracia y un espaldarazo a las maquinarias«.
Será muy difícil garantizar la transparencia en las próximas elecciones con un cambio en las reglas de juego, por eso decidimos demandar la “ley”, el silencio sería cómplice de la corrupción”, aseguraron los demandantes en un documento.
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