La Corte Suprema de Justicia informó este jueves que llamó a indagatoria al senador Mario Castaño, quien según la Fiscalía sería el posible líder de una red de corrupción con contratos de varios departamentos.
La Fiscalía solicitó la audiencia, al entregar evidencias de que el congresista habría pedido porcentajes por los convenios por prestación de servicios y de infraestructura.
Se conoció también que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema lo acusará de concierto para delinquir, delito por el cual ya fueron vinculadas ocho personas.
En la investigación de la Fiscalía, afirman que los implicados en la red de corrupción, aparentemente trabajaban desde la oficina del senador Castaño, además que habrían presionado a los adjudicatarios de los contratos para entregar una utilidad de las ganancias.
Cabe recordar que Castaño aspira a reelegirse para el Senado este domingo.
El alto tribunal decidió procesar al congresista, oriundo de Pácora, Caldas, e integrante del Partido Liberal, por petición de la Fiscalía General de la Nación que compulso copias después de la captura el pasado 7 de marzo de nueve personas implicadas en los actos de corrupción.
Según la Fiscalía, en interceptaciones telefónicas realizadas por los investigadores judiciales, se establecieron las componendas realizadas por Castañeda Pérez con diferentes socios o amigos y refiriéndose a los funcionarios públicos utilizados para direccionar contratos en términos soeces y celebrando las utilidades obtenidas.
Los 9 integrantes del entramado ilegal de corrupción fueron capturados en diligencias realizadas en Cali, Popayán, Ibagué y Pereira. La Fiscalía les imputó los delitos de concierto de delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato.
Según la Fiscalía General de la Nación, la red de corrupción, al parecer, direccionaba contratos con la finalidad de apropiarse de recursos públicos del orden nacional, los cuales estaban destinados para cubrir obras públicas en Valle del Cauca, Cauca, Tolima y Risaralda.
Un grupo especial de fiscales de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con el apoyo del CTI, en un trabajo realizado durante ocho meses, estableció que, desde la oficina del senador Mario Catañeda, supuestamente, se direccionaban millonarios contratos a cambio del 10% del valor total de cada uno.
Empresarios y otros particulares habrían frecuentado al congresista para ser beneficiados con contratos. En ese sentido, funcionarios de diversas entidades, presuntamente, ajustaban los pliegos contractuales y condiciones exigidas en licitaciones de obras públicas en distintos departamentos para que quedaran en manos de las oferentes que el senador indicaba.
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