El gobierno nacional, a través del decreto 819, amplió el plazo por dos meses más para el pago diferido de estos servicios.
El Ministerio de Vivienda, dispuso de nuevos alivios económicos para apoyar a las familias colombianas y a las empresas prestadoras de estos servicios públicos.
“Hasta el 31 de julio ampliamos el plazo para que las familias de los estratos 1 y 2 tengan la posibilidad de diferir hasta en 36 meses las facturas de acueducto, alcantarillado y aseo con una tasa de interés del 0%”, dijo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.
El funcionario agregó que “el mismo plazo queda establecido para los hogares de los estratos 3 y 4, y para usuarios comerciales e industriales que por la emergencia no puedan pagar oportunamente sus recibos de servicios públicos, en este caso se podrá diferir el pago hasta en 24 meses a un interés real del 0%”, agregó.
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El Ministro de Vivienda expresó que teniendo en cuenta la situación económica de millones de familias, se amplió hasta julio. Sin embargo, hizo un llamado para que los hogares que puedan seguir pagando oportunamente no dejen de hacerlo.
Sector rural
El Decreto también incluye un beneficio a los acueductos rurales y las familias que habitan en el campo.
“Por primera vez en la historia de Colombia tendremos subsidios directos a los acueductos rurales y comunitarios, garantizando la operación y generando un alivio en el costo mensual para las familias. Este alivio será de $12.400 pesos mensuales por usuario y aplicará hasta diciembre“, sostuvo el jefe de la cartera de Vivienda.
El funcionario explicó que si por ejemplo un usuario rural en Colombia, que pague entre $19 mil y $20 mil al mes, con el subsidio del Gobierno Nacional, quedaría pagando entre $7 mil y $8 mil. “Es un alivio significativo para una población con altos niveles de vulnerabilidad”, expresó Malagón.
A este subsidio podrán aplicar los 1.621 operadores rurales registrados en la Superintendencia de Servicios Públicos.
“La invitación para el resto de acueductos rurales es a que inicien ese proceso de registro y formalización para poder llegar a beneficiar a las más de dos millones de personas que habitan en el campo”, concluyó Malagón.
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