El terremoto de magnitud 7,4 dejó pérdidas estimadas en un 1,6% del PIB nacional. Ante la crisis, ANIF propone liberar billones de pesos de regalías, reasignar presupuestos y crear alivios para microempresarios en Cali, Pereira y Manizales.
¿Cómo se va a financiar la reconstrucción tras el terremoto en Colombia?
Para financiar la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) propuso al Gobierno Nacional seis medidas que evitan crear nuevos impuestos. El plan incluye reasignar $20,1 billones del presupuesto de inversión no ejecutado de 2026, liberar $13,8 billones del Sistema General de Regalías, habilitar créditos respaldados por el Fondo Nacional de Garantías (FNG) y extender el mecanismo de Obras por Impuestos a ciudades afectadas como Cali, Pereira y Manizales.
El remezón que lamentablemente dejó víctimas mortales, miles de heridos y gente sin nada en la calle, también fracturó las cuentas de la Nación. Mientras los equipos de rescate continúan su labor en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y el Chocó, el reloj económico corre en contra de un Estado que ya venía operando con un estrecho margen fiscal.
El precio de levantar un país fracturado
Las cifras que arroja el desastre tienen el peso de una losa de concreto. Los cálculos preliminares estiman que la factura de la naturaleza asciende a $24,5 billones en edificaciones destruidas y otros $5,5 billones en daños a la infraestructura vial y aeroportuaria.
En términos macroeconómicos, Colombia acaba de perder cerca del 1,6% de su Producto Interno Bruto (PIB) bajo las ruinas. Frente a este panorama, y amparados en la emergencia económica decretada por el Gobierno, el centro de pensamiento económico ANIF destapó sus cartas.
Su propuesta es un acto de equilibrismo financiero: movilizar una inmensa cantidad de recursos públicos y privados de manera ágil, pero sin asfixiar a los ciudadanos con tributos permanentes. La lección es clara, la tragedia no puede pagarse vaciando los bolsillos de quienes apenas intentan sobrevivir.
La lupa sobre la chequera del Estado y las regalías
La primera gran fuente de oxígeno financiero está escondida en la propia burocracia estatal. ANIF sugiere mirar con lupa el Presupuesto General de 2026 y reasignar los recursos de inversión que los ministerios aún no han comprometido.
“Se propone revisar las apropiaciones de inversión aún no comprometidas, cuyo monto máximo susceptible de revisión asciende a $20,1 billones“, detalla el documento técnico, sugiriendo priorizar aquellos sectores cuya ejecución sea inferior al 20%.
Paralelamente, el Sistema General de Regalías (SGR) se perfila como la gran alcancía de la reconstrucción. La entidad propone destrabar $3,7 billones atrapados en proyectos sin respaldo contractual y redireccionar $10,1 billones que aún no tienen un destino fijo.
La clave de este movimiento radica en la autonomía. La idea es permitir que los alcaldes de municipios duramente golpeados, desde Quibdó hasta Armenia, aprueben directamente proyectos de emergencia sin la habitual y lenta burocracia de los planes de desarrollo.
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Oxígeno para el microempresario en ruinas
El terremoto también sepultó negocios, vitrinas y años de esfuerzo comercial. Pensando en el tendero, el panadero y el pequeño productor, se plantea replicar la exitosa fórmula de salvamento utilizada durante la pandemia del Covid-19.
A través del Fondo Nacional de Garantías (FNG), se habilitarían líneas de crédito donde el Estado cubriría entre el 60% y el 90% del riesgo. Esto incluiría periodos de gracia vitales para que los comerciantes puedan respirar mientras reconstruyen sus locales.
Para que esta maquinaria de crédito funcione, ANIF estima que el Gobierno Nacional tendría que capitalizar al FNG con inyecciones de entre $90 mil y $240 mil millones, asumiendo que gran parte del tejido comercial de la zona de desastre solicite este salvavidas.
Impuestos convertidos en obras y anticipos voluntarios
El sector privado también está llamado a poner ladrillos. El mecanismo de Obras por Impuestos y Obras por Regalías, que usualmente beneficia a zonas de conflicto, se extendería temporalmente para que las empresas puedan financiar directamente proyectos en ciudades que hoy están por fuera de la norma, como Cali, Pereira y Manizales.
Además, surge una figura inédita: el Anticipo Solidario para la Reconstrucción. No es un impuesto nuevo, sino una inyección de liquidez voluntaria.
“Se propone que los contribuyentes del impuesto de renta puedan realizar, de manera voluntaria, un pago adicional de hasta el 10% del impuesto liquidado, el cual sería descontado en su totalidad en la declaración del año siguiente”, explica el informe.
Para flexibilizar aún más la caja del Estado, el abanico de propuestas cierra con la posibilidad de liberar temporalmente rentas de destinación específica, como las que nutren al ICBF o al SENA, siempre y cuando la Constitución lo permita.
La sombra del terremoto del Eje Cafetero en 1999 vuelve a posarse sobre el territorio nacional. En aquel entonces, Colombia aprendió que la lentitud burocrática es el segundo gran desastre tras un movimiento telúrico. Hoy, las fórmulas financieras están sobre la mesa. El reto del Gobierno es ejecutar este plan maestro antes de que la emergencia económica caduque y las ruinas de las ciudades se conviertan en un paisaje permanente del olvido.
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