Gobierno Nacional y el Comité del Paro lograron un preacuerdo

El Gobierno Nacional y el Comité Nacional del Paro (CNP) llegaron a un preacuerdo en materia de garantías para la protesta social, por lo que ambas partes esperan refrendar dicho acuerdo en las próximas horas y pasar a instalar una mesa de negociaciones en el marco del paro nacional que lideran centrales obreras desde el pasado 28 de abril.

“Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de la protesta, lo que nos permitirá la instalación y el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia presentado [al Gobierno por el Comité Nacional de Paro», indicó dicho Comité en un comunicado.

El encuentro entre ambas partes busca lograr consensos que permitan levantar el paro, que ha derivado en el bloqueo de carreteras y generado desabastecimiento de alimentos y combustibles para varias regiones del país, así como la imposibilidad de varios sectores de la cadena productiva colombiana para acceder a insumos.

«Luego de nueve días de conversaciones se avanzó en varios compromisos importantes, sobre otros temas dejamos constancias para que sean analizados posteriormente y constituimos grupos de trabajo y de seguimiento», dijo también el CNP en su texto.

«Esperamos que el Gobierno refrende pronto el preacuerdo y podamos protocolizarlo con la presencia del presidente de la República [Iván Duque] para dar inicio a la negociación», agregó el Comité.

Por su parte, el saliente Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, explicó en declaraciones a la prensa que «se dio por concluido el análisis de los puntos en los que las partes han redactado textos que deben ser refrendados tanto por el Gobierno Nacional como por la Asamblea del Comité del Paro».

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Ambas partes volverán a reunirse este jueves 27 de mayo para evaluar la refrendación del documento, según ha trascendido.

Colombia cumplió el 25 de mayo 28 días de paro nacional que inició en abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal impulsada por el Gobierno, que ante la presión de las movilizaciones debió retirarla el 2 de mayo.