El debate sobre los peajes en el Eje Cafetero volvió al centro de la agenda nacional luego de que desde el Gobierno se anunciara una posible orden para avanzar en la eliminación de los cobros administrados por la concesión Autopistas del Café. Aunque la información ha generado expectativas entre ciudadanos y transportadores de Caldas, Risaralda y Quindío, la falta de una notificación oficial y la vigencia del contrato hasta 2027 mantienen un ambiente de incertidumbre.
La controversia surge tras las declaraciones del representante a la Cámara Santiago Osorio, quien aseguró que desde la Casa de Nariño se impartió una directriz al presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para iniciar una terminación anticipada de la concesión. Según el congresista, esta decisión permitiría que, en el corto plazo, los puntos de cobro actualmente operados por Autopistas del Café dejen de funcionar.
“Por fuentes muy importantes de la Casa de Nariño puedo decir, como congresista de la República, que el presidente ya dio la orden a la ANI de suspender y realizar una terminación anticipada de la concesión de Autopistas del Café. Eso significa que en el próximo mes no tendría por qué existir más peajes de esta concesión en el país”, afirmó Osorio, en una declaración que reavivó el debate regional.
Un anuncio que divide opiniones
De materializarse la medida, la administración de las vías pasaría al Instituto Nacional de Vías (Invías), lo que marcaría el fin de un esquema concesionado que por casi tres décadas ha sido objeto de críticas por parte de comunidades, gremios transportadores y sectores productivos del Eje Cafetero.
La eliminación de los peajes tendría un impacto directo en la economía regional. Para los habitantes y comerciantes, significaría una reducción en los costos de transporte, dinamización del turismo y alivio para la producción agrícola. Hoy, desplazarse entre departamentos implica múltiples pagos: hacia Armenia desde el Tolima se cancelan los de Coello–Cocora y Alto de La Línea; hacia Pereira existen tres estaciones de cobro; y hacia Manizales, hasta cinco dependiendo del trayecto.
Sin embargo, el anuncio no ha sido recibido de manera unánime. Desde colectivos ciudadanos se ha pedido cautela y mayor precisión frente al alcance real de la decisión gubernamental. Lina María Arango, integrante del colectivo No más abuso de peajes y del movimiento por la defensa de las vías del Eje Cafetero, advirtió que una terminación contractual no implica necesariamente el retiro físico de las estaciones.
“La liquidación de una concesión no significa automáticamente que se desmonten los peajes. Es importante que el Gobierno aclare qué significa liberar: si es desmontarlos o simplemente trasladarlos a Invías, como ha ocurrido en otras regiones del país”, señaló Arango en declaraciones a Caracol Radio Armenia.
¿Retiro real o cambio de administrador?
La preocupación de los veedores ciudadanos se basa en experiencias recientes en otras zonas del país. Casos como el de Autopistas del Caribe demostraron que, aunque se liquidó una concesión, los peajes continuaron operando bajo administración estatal, generando incluso costos de compensación para el Estado.
Arango recordó que en ese proceso “el país deberá pagarles una compensación por liquidar el contrato. Pero, además, que se liquide la concesión no significa que se van a desmontar los siete peajes”, por lo que insistió en que el presidente debe aclarar si la intención es retirar los puntos de cobro o simplemente transferirlos a Invías. También pidió definir si se reducirán tarifas, se regularán distancias entre estaciones o se adoptará un nuevo modelo de administración.
La concesión sigue vigente
Mientras el debate público se intensifica, la empresa Autopistas del Café confirmó que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación oficial por parte del Gobierno. Según la concesión, el contrato continúa ejecutándose bajo los términos actuales y no ha sido modificado. Además, reiteró que en 2027 se iniciará el proceso de reversión para retornar al Estado la infraestructura y los bienes asociados, tal como está estipulado contractualmente.
A esta incertidumbre se suma la existencia de un nuevo proyecto en fase de formulación: la IP Conexión Centro, cuya estructura, inversiones y condiciones aún no han sido socializadas públicamente. Para algunos sectores, esta dualidad —entre levantar la concesión o estructurar una nueva— genera dudas sobre la verdadera hoja de ruta del Gobierno en la región.
Peticiones de claridad desde el Congreso
La representante a la Cámara por el Quindío, Piedad Correal, elevó una consulta formal ante el Ministerio de Transporte, la ANI y el Invías para conocer qué ocurrirá realmente con los peajes del corredor. En su misiva, pidió que se le informe si, en caso de que el Estado asuma la administración, los peajes serían retirados o pasarían a manos públicas, y quién se encargaría del mantenimiento y de las obras pactadas previamente.
Correal también cuestionó si el Ejecutivo tiene la facultad jurídica para terminar de manera unilateral una concesión que vence en febrero de 2027, lo que abre un nuevo capítulo en el debate legal y administrativo.
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Expectativa y presión ciudadana
Pese a las dudas, algunos sectores celebran el anuncio como una victoria histórica. El propio Santiago Osorio afirmó que, tras meses de trabajo con el Ministerio de Transporte y la recolección de más de 60.000 firmas en Manizales y el Centro Sur de Caldas, el retiro de peajes en Caldas, Risaralda y Quindío está cada vez más cerca. “El retiro de estos peajes es un acto de justicia y equidad con el Eje Cafetero”, sostuvo.
Por su parte, el diputado David Islem Ramírez aseguró que continuarán presionando para que el departamento “deje de estar secuestrado” por los cobros viales y para evitar que se prolonguen otros 30 años de tarifas.
¿Se acaban los peajes en el Eje Cafetero?
Por ahora, la pregunta sigue abierta: ¿se acaban los peajes en el Eje Cafetero? Aunque el anuncio presidencial apunta a una posible eliminación, la ausencia de actos administrativos, la vigencia contractual de Autopistas del Café y la falta de claridad sobre el modelo futuro impiden confirmar un retiro definitivo.
Las comunidades, gremios y autoridades locales esperan que el Gobierno precise en las próximas semanas si la orden de “liberar” implica desmontar estaciones, trasladarlas a Invías o reformar el sistema de cobros. Mientras tanto, la tensión por la concesión de Autopistas del Café continúa creciendo y el tema se consolida como uno de los debates de infraestructura más relevantes para el centro del país.
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