El Ministerio de Salud y Protección Social anunció el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, fijando un incremento del 5,36 %, según lo estipulado en la resolución 2718 del 30 de diciembre de 2024. Esta medida, aunque en línea con la inflación del 5,2 % a noviembre de 2024 y un 0,16 % destinado a actualizar servicios y tecnologías en salud, ha generado controversia en el sector por su insuficiencia frente a las crecientes necesidades del sistema de salud.
Impacto del ajuste en los regímenes contributivo y subsidiado
Con este aumento, los pagos por afiliado en el régimen contributivo pasan de $1.444.086 a $1.521.489, mientras que en el régimen subsidiado suben de $1.256.076 a $1.323.401. Si bien este incremento busca garantizar la sostenibilidad financiera, diversos actores consideran que no responde a las necesidades reales del sistema.
La UPC es fundamental para el financiamiento de los servicios de salud, ya que permite a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) cubrir costos de atención, medicamentos y tratamientos. Por ello, un ajuste insuficiente podría comprometer la calidad y continuidad de estos servicios.
Críticas desde el sector salud
El sector salud esperaba un aumento más significativo, cercano al 16 %, como lo solicitaron organizaciones como la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Afidro y la Cámara Colombo Americana. Según estos actores, un ajuste mayor es indispensable para enfrentar los desafíos del sistema, incluidos los costos operativos crecientes y la presión por garantizar una atención de calidad.
Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, directora ejecutiva de la Asociación de Instituciones de Salud (AISalud), advirtió que el incremento del salario mínimo en un 9,54 %, sumado a la insuficiencia de la UPC, podría llevar al cierre de servicios en algunas regiones. “La situación es insostenible. Si no se toman medidas urgentes, veremos una disminución en la oferta de servicios médicos”, afirmó.
Contexto en Risaralda: una región en alerta
La red de prestadores de salud en Risaralda ha señalado la gravedad de la situación, ya que la insuficiencia en el flujo de recursos está generando una crisis en la prestación de servicios. La región enfrenta, además, el impacto del no pago de recursos no corrientes desde enero y abril de 2024, lo que agrava aún más el panorama.
Este escenario ha llevado a las autoridades locales a hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional para que tome medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema. La directora de AISalud insistió en que es imperativo asignar recursos suficientes para evitar el colapso de la atención médica en el departamento.
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Desafíos para el sistema de salud colombiano
El ajuste insuficiente pone en evidencia la dificultad de equilibrar los recursos asignados con las necesidades crecientes del sistema. A medida que los costos operativos aumentan, las instituciones de salud enfrentan retos significativos para garantizar la continuidad de los servicios y mantener estándares de calidad.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud reiteró su compromiso con la transparencia y la sostenibilidad del sistema, indicando que incrementar la UPC por encima de la inflación, sin información confiable de las EPS, sería irresponsable.
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