Los ocho casos de vallecaucanas víctimas de trata de personas en lo transcurrido de este año, revelados por la Fiscalía en consejo de seguridad convocado por la gobernadora, Dilian Francisca Toro, motivaron a la mandataria a exigir un mayor compromiso de los alcaldes para apoyar de manera efectiva la lucha contra este flagelo.
La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, que ha sido defensora de la mujeres y ponente como congresista de la Ley 1257 de 2008, que protege los derechos de las mujeres víctimas de agresión, sostuvo que se va a reactivar acciones de su gobierno y llamó la atención de los alcaldes para conocer su compromiso, la idea es que los municipios fortalezcan las rutas de denuncia y trabajen articuladamente con el aparato de justicia e insistir en la capacitación de los funcionarios.
Pablo García, funcionario de la Fiscalía No 93 de Derechos Humanos, encargada de la trata de personas de carácter transnacional, precisó que este “es un grave flagelo que atenta contra los derechos humanos de las mujeres, niños, jóvenes y adolescentes, y donde se ha identificado que la mayor parte de los delitos y de las víctimas las aporta el Valle del Cauca; del 100% de los casos que nosotros tenemos, entre el 67% y el 70 % son víctimas del Valle del Cauca. En lo que va corrido de este año van 8 casos, frente a 14 casos del 2017”.
La secretaria de Seguridad del Valle, Noralba García, dijo que además de la prevención se dejó como compromisos “seguir trabajando con los municipios, institucionalizando los comités y el apoyo técnico que se requiere, faltan 8 municipios por instalar su comité de lucha contra la trata de personas y algo muy importante es que nuestra oficina de pasaportes va a emprender una campaña especial de prevención y de alerta contra este flagelo y delito transnacional”.
La secretaria de Equidad de Género, Luz Adriana Londoño, expresó que “el problema que hay en el Valle del Cauca sobre la trata de personas es de cuidado, con una cifras alarmantes y hay que decirle a los alcaldes que es necesario tener un hogar donde podamos recibir a esas mujeres que vienen desprotegidas de otros sitios fuera del país, tenemos que brindarles protección a ellas y a sus familias, ese es un proceso que no solo debe ser de la Gobernadora, sino de los alcaldes”.
Londoño agregó que en “el Valle hay hogares de acogida, “hemos apoyado tres durante estos dos años en Buenaventura, Yumbo y Tuluá que funciona para el centro y norte del Valle”.
*La red de trata de personas*
Sobre la forma como viene manifestándose este delito, Gustavo Ballesteros Castañeda, psiquiatra forense de Medicina Legal, encargado de la valoración de las víctimas de trata de personas, explicó que “es una red, que no se debe ver como una red organizada con miles de personas, sino que incluso son grupos más pequeños de redes organizadas que realizan funciones muy específicas y en donde la víctima, desde que ingresa y sin saberlo, ya está siendo víctima y no puede hacer nada para evitarlo, terminando en países como Singapur, Filipinas, Malasia o Tailandia, en donde al llegar es cuando se dan cuenta de la situación en que están”.
Tanto el especialista como el funcionario de la Fiscalía No 93, expresaron que se debe hacer una labor de prevención, de conscientización y apoyo que involucre a todas las entidades gubernamentales para brindar protección a las mujeres que son víctimas de este flagelo, ya que Fiscalía y Medicina legal tienen una función muy clara frente al rol de la investigación.
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