HSBNoticias | Palmira | 06 FEB 2018 – 4:39 pm
En audiencias simultáneas, y al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, los juzgados 4 y 31 de control de garantías, impusieron medida de aseguramiento intramuros en contra de ocho personas, señaladas de formar parte de una estructura delictiva, denominada los Tutelantes, que mediante acciones de tutela favorecían a personas de alto perfil criminal para que fueran trasladados de cárceles de alta y mediana seguridad a una de mínima seguridad en Valle del Cauca y Cauca.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado; prevaricato por acción; fraude procesal; falsedad en documento público y privado; así como cohecho.
En el marco del Plan Bolsillos de Cristal, cero tolerancia con la corrupción de la Fiscalía, la investigación permitió establecer que desde el año 2015 una estructura criminal habría ejecutado pagos de dineros a servidores públicos de varias instituciones del Estado como despachos judiciales, alcaldías municipales, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, entre otras, a partir del trabajo inescrupulosos de profesionales del Derecho que contactan a personas privadas de la libertad con detención en centros de reclusión de máxima y mediana seguridad a nivel nacional, para ofrecerles sus servicios profesionales y obtener el ilícito traslado a cárceles municipales, donde recuperan la libertad a su antojo y no cumplen su pena en las condiciones exigidas por la justicia y por la sociedad.
La modalidad utilizada para efectuar este actuar delictivo, consistía en la presentación por parte de abogados de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal que se sustentarían en información falsa, cartas cupos espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.
Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto del Centro de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal con función de control de garantías de esa ciudad. Allí, bajo el consentimiento del juez y en coordinación con oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía la petición de la medida provisional consistente en el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados, a cárceles municipales, tales como las de Florida, Yotoco, Miranda y Guapi.
Razones falsas
De acuerdo con la investigación adelantada por el CTI de Fiscalía de Cali, alrededor de 20 personas habrían resultado favorecidas con el ilícito. Muchas de las personas que fueron trasladadas de cárceles de máxima y mediana seguridad a otras de mínima seguridad nunca llegaron a dicho destino y se encuentran fugadas.
Según la Fiscalía, en las tutelas irregulares se argumentaban aspectos como pobreza extrema, problemas de salud y unión familiar, situaciones que no se cumplían. Por el ilícito cobraban hasta doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000).
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