España vive una de las peores tragedias ferroviarias de los últimos años tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, municipio de la provincia de Córdoba, que deja hasta el momento al menos 39 personas fallecidas y 43 hospitalizadas, de las cuales 12 permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos. Las autoridades no descartan que el número de víctimas aumente en las próximas horas, una vez inicien las labores de levantamiento de los vagones con maquinaria pesada.
El accidente se registró a las 19:39 horas del domingo, cuando un tren de la compañía Iryo, que cubría la ruta Málaga–Madrid con 317 pasajeros a bordo, descarriló los tres últimos vagones, los cuales terminaron invadiendo la vía contigua. En ese mismo instante, circulaba por el sector un convoy Alvia de Renfe, con destino a Huelva, que pese a realizar una frenada de emergencia, terminó impactando contra los vagones descarrilados y también se salió de la vía.
Como consecuencia del choque, varios vagones cayeron por un terraplén, lo que ha dificultado significativamente las tareas de rescate y acceso a las estructuras metálicas deformadas. Los equipos de emergencia continúan trabajando de manera ininterrumpida en la zona, priorizando la atención a los heridos y la recuperación de los cuerpos.
Hasta el lugar del siniestro se desplazaron el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes, Óscar Puente, quienes anunciaron una comparecencia conjunta para informar sobre el avance del operativo y las primeras conclusiones preliminares. Puente calificó el accidente como “raro y difícil de explicar”, al señalar que tanto el material rodante como la infraestructura ferroviaria eran recientes, y pidió cautela mientras avanzan las investigaciones.
Las causas del siniestro serán determinadas por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo encargado de esclarecer lo ocurrido y establecer si existieron fallos técnicos, humanos o externos que desencadenaron el accidente.
Por su parte, Antonio Ruiz, jefe de la Policía local de Adamuz, Córdoba, aseguró que de momento lanzar una hipótesis es “muy precipitado” y, así mismo, reveló que “las vías estaban totalmente renovadas desde mayo del año pasado”, es decir, poco más de siete meses.
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Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, advirtió que podrían encontrarse más víctimas cuando se logre acceder completamente a los vagones del tren Alvia, algunos de los cuales permanecen atrapados entre los hierros. Ante esta situación, la Guardia Civil habilitó oficinas especiales para la recogida de muestras de ADN, así como espacios de atención y acompañamiento psicológico para los familiares de las víctimas en la ciudad de Córdoba.
La tragedia ha generado una profunda conmoción en todo el país. Organizaciones sindicales como CCOO y UGT exigieron una investigación “exhaustiva y transparente”, mientras crece el debate nacional sobre la seguridad ferroviaria en España, los protocolos de prevención y la respuesta ante emergencias de gran magnitud.
España guarda luto ante un suceso que ha marcado a decenas de familias y que vuelve a poner en el centro de la agenda pública la necesidad de garantizar la máxima seguridad en el transporte ferroviario de alta velocidad.
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