En las últimas semanas, el departamento de Risaralda se ha visto envuelto en una controversia que ha generado preocupación en la comunidad local y la clase política.
El motivo de la inquietud radica en las presiones de una funcionaria del Ministerio de Salud y Protección Social para que los 200.000 millones de pesos, previamente desembolsados para la construcción de la primera fase del Hospital Regional de Alta Complejidad, sean devueltos, a pesar de que el proyecto está contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo.
El gobernador de Risaralda dio a conocer públicamente esta situación, destacando que es la tercera vez que esta alta funcionaria del Ministerio solicita la devolución de los fondos. Ante esta preocupación, la clase política del departamento ha solicitado una reunión con el Ministro de Salud para garantizar el respaldo al proyecto y subrayar su importancia.
Esta controversia surge en un contexto en el que el gobierno del presidente Gustavo Petro ha presentado una Acción Popular contra el departamento de Risaralda, argumentando que este no ha cumplido con sus responsabilidades en el ámbito de la salud.
Esta Acción Popular ha generado una fuerte reacción por parte de la Asamblea Departamental, que considera que se trata de una medida arbitraria y perjudicial para los intereses de Risaralda. El presidente de la Asamblea, Carlos Andrés Gil, ha calificado la demanda como una «intromisión» que pone en riesgo el desarrollo y la autonomía del departamento.
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Así mismo, expresó su preocupación, señalando: «estamos realmente molestos porque seguimos viendo la desidia, la indiferencia del Gobierno Nacional con el departamento de Risaralda, siguen demostrando no solamente su poca capacidad técnica, sino que siguen en campaña, que siguen obstaculizando los grandes proyectos y anhelos del departamento de Risaralda.»
Es importante destacar que el Hospital de Cuarto Nivel es un proyecto que fue incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Plurianual de Inversiones y fue catalogado como estratégico para el país a través de un CONPES. Además, cuenta con el aval fiscal del CONFIS para garantizar sus recursos.
El gobernador encargado y secretario de Hacienda, Jorge Alexis Mejía Bermúdez, reafirmaron el compromiso del departamento de defender sus derechos y demostrar que ha cumplido con sus compromisos.
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