Este lunes, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Consejo de Estado que se declaren nulos el Decreto 3004 de 2013 y la Resolución 90341 de 2014, los cuales establecieron los criterios y procedimientos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, entre ellos el fracking.
De acuerdo con el ente de control, estos no son compatibles con los principios de precaución y desarrollo sostenible previstos en la Constitución.
Por ello, la Procuraduría pidió aplicar el principio de precaución teniendo en cuenta que existe peligro de daño al entorno.
“Considera el Ministerio Público que teniendo abundante evidencia científica e información con múltiples aristas de los riesgos y daños irreversibles al recurso hídrico y, en general, al medio ambiente que pueda verse comprometido con la práctica de la exploración y explotación de yacimientos no convencionales, es claro que las normas demandadas permiten desarrollar una actividad que puede traer graves e irreversibles consecuencias para la salud del ser humano”, señala el comunicado.
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Las principales afectaciones ambientales que tendrían estos procedimientos, de acuerdo con la misiva de la Procuraduría, son “la contaminación de aguas subterráneas y superficiales, el aumento de la actividad sísmica en los lugares donde se desarrolla la práctica, y un potencial daño a la salud del ser humano”.
El ente de control, aseguró que estas afectaciones podrían resultar “irreversibles” en los ecosistemas, partiendo de que “Colombia no cuenta con una línea base confiable de información ambiental e hidrológica, ni capacidad de monitoreo y control para ello, ni acceso a la información ambiental, geológica, geofísica, geoquímica y sísmica”.
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