De 3.5 kilómetros que contempla la obra solo se ha ejecutado 350 metros en cinco meses.
Tras agotar todas las etapas y garantías dentro de la actuación administrativa iniciada al contratista Efraín Cucunuba Bermúdez, con relación a la ejecución del contrato 1440 de 2019, cuyo objeto es la «Rehabilitación de las vías secundarias y terciarias en los municipios de Dosquebradas, Marsella y Santuario del departamento de Risaralda. Grupo 3. Vía Japón – Frailes», la Gobernación a través del Secretario Jurídico Federico Cano anunció que resolvió imponer una multa equivalente a $477.637.040.
«Esta multa es una decisión que cuenta con todo el respaldo legal y es una de las medidas adoptadas por la administración departamental bajo el liderazgo del Gobernador Victor Manuel Tamayo Vargas, con la finalidad de garantizar que las obras contratadas sean ejecutadas y que la comunidad cuente con respuestas efectivas de la Gobernación, ante los cientos de reclamos que han expresado por los impactos negativos que han generado los retrasos en la vía Japón – Frailes», explicó el Secretario Jurídico del departamento Federico Cano Franco.
Cano, aclaró que las obras deben continuar y le harán el respectivo seguimiento.
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La interventoría en diversas oportunidades y a través de comunicaciones expresadas en oficios, bitácora de obra, comités técnicos solicitó al contratista Efraín Cucunuba Bermúdez el cumplimiento a cabalidad de sus obligaciones contractuales, sin embargo, no ha obtenido una respuesta favorable a varios de esos requerimientos.
Según los informes de la interventoría, el contratista no entregó una relación del equipo mínimo obligatorio. Tampoco el análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica. Además, no existen suficientes claridades sobre el programa de obra.
También hay dificultades frente al Plan de manejo de tránsito (PMT), el Plan de calidad y el Plan de Adaptación de las Guías Ambientales (PAGA)
Entre tanto, el pago de los salarios a los trabajadores por parte del Contratista se continúa realizando en forma atrasada y en algunos casos de manera parcial, generando descontento, malestar y desmotivación en los trabajadores y, por ende, bajos rendimientos que afectan el normal desarrollo en la ejecución de obra.
En el proceso y en el marco de las garantías procesales el contratista a través de su equipo de defensa expresó varias consideraciones, las cuales no fueron aceptadas, demostrando cada una de las argumentaciones bajo los informes de la interventoría y el trabajo de seguimiento realizado por el equipo interdisciplinario de la Gobernación de Risaralda, en cabeza de la Secretaría Jurídica y el de la Secretaría de Infraestructura.
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