El Instituto Nacional de Vías respondió al malestar ciudadano por el gravamen en el Eje Cafetero y el Valle del Cauca. Prometen que evaluarán la capacidad de pago predio por predio y que los recursos financiarán el futuro de la misma región.
¿Qué es la Contribución Nacional de Valorización en Colombia y a qué obras aplica?
La Contribución Nacional de Valorización (CNV) es un mecanismo legal y financiero ejecutado por el Gobierno Nacional, a través de Invías, diseñado para recuperar parte del beneficio económico que adquieren los predios aledaños a las megaobras públicas. Actualmente se implementa en el Paquete de Obras del Eje Cafetero, impactando a Colombia desde el Cruce de la Cordillera Central hasta el Valle del Cauca. Los fondos no son un impuesto, sino una fuente administrada por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago (FIP) para garantizar el mantenimiento y nuevas inversiones viales.
El escudo oficial frente al malestar: “No es un impuesto”
El Instituto Nacional de Vías (Invías) asumió la vocería para desmitificar el fantasma tributario que recorre el Eje Cafetero y el norte del Valle del Cauca. Ante el temor generalizado de los propietarios de la región, la entidad fue tajante al señalar que el cobro no es un castigo fiscal ni una factura atrasada por los baches del pasado.
“Se trata de un mecanismo previsto en la Constitución Política y desarrollado por la Ley 1819 de 2016, mediante el cual se recupera una parte del beneficio económico que obtienen los inmuebles favorecidos por la ejecución de proyectos de infraestructura vial”, aclaró la institución rectora.
La explicación oficial subraya que las vías logísticas transforman silenciosamente la vocación de la tierra. Megaproyectos como el Túnel de La Línea, la segunda calzada Calarcá-Armenia-Quimbaya-Alcalá-Cartago y las Vías del Samán, actúan como un motor que valoriza irremediablemente los metros cuadrados que las rodean, facilitando la conexión vital hacia el puerto de Buenaventura. Sin embargo, la voz ciudadana se pregunta, “y entonces los recursos que se obtienen de los peajes para que sirven“.
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Una fórmula de recaudo con 30 años de historia
Aunque para muchos habitantes de la región occidente de Colombia el término de la valorización nacional resulta una novedad dolorosa, el Invías recordó que no están improvisando una herramienta financiera de última hora. Este instrumento ha sido el oxígeno de al menos 44 proyectos de infraestructura en todo el país durante las últimas tres décadas.
La selección de este gigantesco paquete de obras, según el Gobierno, no obedeció al capricho de una administración. Fue el resultado de una meticulosa disección técnica, jurídica y territorial que durante varios años superó todas las evaluaciones ministeriales antes de recibir la luz verde definitiva.
Calma en las cuentas: el cobro no es automático ni ciego
El Invías enfatizó que la expedición del acto administrativo es apenas el pitazo inicial de un partido burocrático bastante largo.
Antes de que cualquier ciudadano deba abrir su billetera, el Estado está obligado a desplegar un gigantesco censo predial. En esa radiografía territorial sobre el terreno se definirá quiénes están realmente dentro de la zona de influencia y cómo se distribuirá el peso económico de la contribución.
Es precisamente en esta fase donde entra en juego el salvavidas de la capacidad de pago. La normatividad blinda a los sectores más frágiles, estableciendo exenciones formales y tratamientos preferenciales que dejarán por fuera del radar de cobro a diversas poblaciones vulnerables, una vez se depuren los datos oficiales.
El destino del dinero y la pedagogía a contrarreloj
La desconfianza endémica de los ciudadanos frente al manejo de los recursos públicos obligó al Gobierno a garantizar que el dinero no se diluirá en la burocracia central. El recaudo ingresará directamente al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP).
La promesa del Estado es que los dineros extraídos de estos departamentos serán inyectados nuevamente en su misma geografía. Estos recursos se convertirán en la columna vertebral para apalancar los futuros proyectos que la región cafetera y vallecaucana exigen a gritos.
Para limar asperezas, la entidad desplegará durante el segundo semestre de este 2026 una ofensiva pedagógica en los territorios afectados. La misión será sentarse frente a frente con las autoridades locales, gremios y habitantes para destripar la letra menuda del proceso y asegurar transparencia.
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