El Gobierno Nacional, a través de Invías, aplicará la Contribución Nacional de Valorización a más de 579.000 propiedades en Tolima, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La medida desata polémica porque algunas carreteras incluidas en el paquete ni siquiera han empezado a construirse.
¿Qué es el cobro de valorización nacional en el centro de Colombia y a quiénes afecta?
El Gobierno Nacional, mediante el Instituto Nacional de Vías (Invías), cobrará una Contribución Nacional de Valorización de $4,9 billones a los dueños de 579.683 predios ubicados en Tolima, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. Este gravamen busca financiar el “Paquete de Obras Eje Cafetero”, que incluye el Túnel de la Línea, la doble calzada Calarcá-Cartago y las Vías del Samán, dándole a los propietarios un plazo de cinco años para su liquidación.
El peso de una valorización multimillonaria
La decisión, que cayó como un baldado de agua fría en la región central del país, proviene directamente de una resolución emitida por el Instituto Nacional de Vías (Invías) a finales de julio. El documento revive un lineamiento trazado en un documento CONPES del año 2020, diseñado para inyectarle recursos frescos al presupuesto de infraestructura estatal.
El mecanismo elegido es la Contribución Nacional de Valorización, un gravamen que recaerá de lleno sobre el “Paquete de Obras Eje Cafetero”. Este ambicioso conglomerado incluye el gigantesco Cruce de la Cordillera Central (Túnel de la Línea), la segunda calzada Calarcá-Cartago y varios tramos neurálgicos de las denominadas Vías del Samán.
La lupa del Gobierno calculó una base gravable que asusta a cualquier bolsillo: $4 billones 977.413 millones a precios de 2025. Según los estudios técnicos oficiales, el Estado asume que estas construcciones generarán un beneficio económico superior a los $17 billones, valorizando la tierra gracias a su nueva vocación agroindustrial, comercial y turística.
El mapa del cobro: cuatro departamentos en la mira
El impacto de esta contribución trasciende las fronteras y golpea directamente el patrimonio de los colombianos en cuatro departamentos estratégicos. El barrido catastral preliminar del Invías identificó exactamente a 579.683 predios que quedarán atrapados dentro de la zona de influencia del cobro estatal.
En el departamento del Tolima, la medida tocará las puertas de los predios ubicados en el municipio de Cajamarca, la antesala obligada hacia La Línea. Al cruzar la montaña, el Quindío se lleva la mayor carga territorial, afectando propiedades en Calarcá, Salento, Armenia, Circasia, Montenegro, Quimbaya y Filandia.
La onda expansiva de la valorización también se sentirá con fuerza en Risaralda, donde los dueños de predios en Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Balboa tendrán que alistar sus finanzas.
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Finalmente, en el norte del Valle del Cauca, la zona de influencia preliminar cobijará a los municipios de Alcalá, Ulloa, Cartago y Ansermanuevo, cerrando un anillo tributario que abarca el corazón agrícola de Colombia.
La paradoja del asfalto: pagar por vías inconclusas
El argumento del Gobierno Nacional: las grandes obras optimizan la conectividad, fortalecen la integración regional y facilitan la distribución de mercancías. No obstante, la realidad en el terreno dibuja un escenario lleno de retrasos que indigna profundamente a los futuros contribuyentes.
El cobro se aplicará a pesar de que varias de las carreteras prometidas son, hoy por hoy, obras en etapa prematura. En la doble calzada Calarcá-Armenia apenas se ha ejecutado un tramo menor a un kilómetro; en la vía Armenia-Montenegro, el avance es de 2,5 kilómetros de los 6 proyectados; y el tramo Montenegro-Quimbaya ni siquiera ha visto encender la primera máquina.
“El plazo para la distribución y liquidación de la contribución de valorización para el Proyecto de Infraestructura Vial ‘Paquete de Obras Eje Cafetero’ es de cinco (5) años contados a partir de la publicación en el Diario Oficial del presente acto administrativo”, advierte textualmente la resolución del Invías.
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