La doble calzada hacia Andalucía recuperó la movilidad este martes luego de que autoridades locales y delegados del Gobierno Nacional lograran un acuerdo estratégico con las comunidades manifestantes.
¿Por qué bloquearon la salida norte de Tuluá y cuándo habilitaron la vía?
Habitantes que exigen predios al Gobierno Nacional bloquearon la doble calzada entre Tuluá y Andalucía en el Valle del Cauca. El paso de vehículos fue habilitado este martes tras la intervención de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Alcaldía de Tuluá, quienes confirmaron en una mesa de diálogo que los procesos legales de estas tierras se gestionan actualmente en la ciudad de Bogotá.
El embotellamiento y el reclamo por la tierra
La salida norte del municipio, que conecta de manera vital con la población vecina de Andalucía, amaneció el martes bajo la sombra de la parálisis total. Las comunidades decidieron usar las vías de hecho para hacer eco de una demanda dirigida directamente a las esferas del alto gobierno.
La protesta generó un efecto dominó en la movilidad de este estratégico corredor del centro del Valle del Cauca. Las horas de bloqueo no solo retrasaron las agendas de miles de ciudadanos, sino que recordaron la fragilidad de las carreteras regionales cuando las tensiones sociales alcanzan su punto máximo de ebullición.
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Un Puesto de Mando para destrabar el asfalto
Ante la monumental fila de vehículos represados y el creciente desespero de los viajeros, la salida a la crisis requirió sentar en la misma mesa a múltiples actores institucionales. El Puesto de Mando Unificado (PMU) se activó de emergencia para transformar el descontento en la vía en un diálogo estructurado y resolutivo.
El encuentro reunió a los líderes de la protesta con representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Administración Municipal. Sin embargo, para eliminar el bloqueo, se hizo indispensable la presencia y voz de los delegados del Gobierno Nacional, quienes tenían en sus manos el mapa del conflicto predial.
Las soluciones apuntan hacia los escritorios en Bogotá
El centro del debate técnico deslindó de responsabilidad inmediata a las autoridades locales. Los voceros de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y el Ministerio del Interior pusieron sobre la mesa la compleja realidad administrativa que retrasa la entrega de los predios exigidos por las comunidades.
Las autoridades nacionales explicaron de manera oficial que “los predios reclamados por las comunidades hacen parte de procesos administrativos que actualmente se adelantan en Bogotá y que no dependen de la Alcaldía de Tuluá”.
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