Un proyecto de ley busca crear una póliza de responsabilidad civil independiente del SOAT. La medida, denunciada como un fuerte golpe al bolsillo, afectaría a los 13 millones de ciudadanos que portan el documento activo.
¿Cómo funcionaría el nuevo seguro obligatorio para la licencia de conducción en Colombia y en qué se diferencia del SOAT?
El proyecto de ley 277 de 2025 propone crear un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual que estará vinculado directamente a la persona titular de la licencia de conducción, a diferencia del SOAT, que ampara al vehículo. Su objetivo exclusivo es cubrir los daños materiales ocasionados a terceros en siniestros viales. Esta medida aplicaría para los 13 millones de conductores activos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), exigiendo coberturas mínimas que oscilan entre los 7 y 15 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la categoría del documento.
Sacar la billetera, observar esa pequeña tarjeta plástica que lo certifica como conductor y saber que, muy pronto, portarla podría significar una nueva factura anual obligatoria. Ese es el tenso escenario que hoy se asoma para millones de personas que transitan por las vías de Colombia, quienes asisten incrédulos a un debate legislativo que amenaza con gravar el simple acto legal de estar habilitado para tomar un volante.
No se trata de renovar la tradicional cobertura médica tras un choque físico, ni de pagar una extensión de la tecnomecánica. En los oscuros pasillos del Congreso de la República, una silenciosa propuesta busca amarrar una póliza directamente al nombre y apellido del ciudadano, sin importar si este maneja un carro propio, un vehículo prestado o un automotor alquilado.
El fin del monopolio del vehículo: un seguro atado a la persona
Históricamente, los colombianos han asimilado que la protección vial en el país recae sobre la máquina de metal y ruedas. Sin embargo, el controvertido proyecto de ley pretende reescribir esta regla fundamental, trasladando la millonaria carga del riesgo hacia quien porta el documento de pericia vial.
El texto del articulado establece la creación de un seguro diseñado para garantizar un “respaldo patrimonial mínimo frente a los daños materiales causados a terceros con ocasión de accidentes de tránsito“. En la práctica, si el conductor raya el auto de otra persona o derriba la fachada de una vivienda, esta póliza entraría a asumir la responsabilidad económica de la reparación física.
Las compañías de seguros autorizadas para operar en el territorio nacional serían las únicas encargadas de expedir este nuevo requisito, convirtiendo al titular de la licencia en el tomador directo, transformando un trámite estatal en una obligación comercial recurrente.
Las cuentas claras: ¿cuánto costará el nuevo requisito vial?
La lupa de la opinión pública se posó rápidamente sobre los costos reales de esta naciente imposición. La norma categoriza las obligaciones según el riesgo: quienes porten licencias para vehículos particulares (categorías B1, B2 y B3) deberán certificar una cobertura mínima equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Por su parte, el gigantesco ejército de motociclistas que a diario sortea el tráfico del país con sus licencias A1 y A2 no escapará a la medida. Ellos tendrán el deber de respaldar eventuales daños a bienes de terceros por un monto asegurado de al menos siete salarios mínimos.
Para intentar mitigar la avalancha de críticas, la iniciativa fijó un tope comercial. Las aseguradoras tendrán la libertad de definir el valor anual de la prima, pero el texto legislativo precisa que esta tarifa jamás “podrá exceder el 0,5 % del valor asegurado mínimo”.
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Salvavidas a medias: las excepciones y el rol tecnológico del RUNT
Conscientes del impacto inflacionario que esto genera en la clase media, los ponentes introdujeron algunos escenarios de excepción. Si el conductor posee varias categorías en su licencia, no tendrá que pagar una póliza múltiple; la ley le permitirá adquirir únicamente el seguro que cubra el monto más alto exigido.
El articulado también ofrece una salida para quienes ya protegen su patrimonio de manera voluntaria. Si el ciudadano cuenta con una póliza vigente de responsabilidad civil extracontractual que iguale o supere el tope exigido por esta nueva ley (incluso si está vinculada al vehículo que conduce), quedará exento de esta nueva imposición comercial.
Para evitar que esta norma se convierta en letra muerta en las calles, el Estado echará mano del brazo tecnológico del Registro Único Nacional de Tránsito. Toda póliza expedida deberá quedar alojada en esta plataforma, permitiendo que cualquier agente de la fuerza pública verifique su validez a través de una simple consulta digital en los retenes diarios.
“Un mico legislativo”: la alerta que desató la controversia nacional
El proyecto avanzaba con un bajo perfil mediático hasta que la veeduría política expuso las verdaderas proporciones de la medida. El congresista electo Daniel Briceño encendió las alarmas nacionales, calificando sin titubeos este artículo como un peligroso “mico” camuflado para exprimir, aún más, las finanzas de los trabajadores.
“Cerca de 13 millones de personas tienen licencias de conducción activas en el país”, advirtió Briceño a través de un duro mensaje difundido en sus redes sociales, dejando en evidencia el gigantesco y lucrativo nicho de mercado cautivo que la legislación le entregaría en bandeja de plata a las compañías aseguradoras.
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