
Una decisión judicial frenó de manera inmediata las obras de rehabilitación en la glorieta Los Almendros, en Cartago, tras la admisión de una acción de tutela que alega vulneración de derechos fundamentales de la comunidad.
El fallo provisional fue emitido por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartago, cuyo titular es Andrés José Arboleda López, mediante el auto interlocutorio No. 130 del 13 de abril de 2026.
Medida cautelar: suspensión inmediata de las obras
La decisión ordena suspender cualquier intervención física en el sector, específicamente en los linderos del predio con matrícula inmobiliaria 375-43395, mientras se resuelve de fondo la tutela.
La acción fue interpuesta por Lucelly Giraldo López contra el municipio de Cartago y otras entidades vinculadas al proyecto .
El objetivo de la medida cautelar es garantizar derechos fundamentales relacionados con el acceso vial y la actividad comercial en la zona.
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Comunidad alega afectaciones por cierre vial
De acuerdo con la tutela, ciudadanos y comerciantes del sector habrían resultado afectados por los cierres derivados de la obra, lo que motivó la solicitud de intervención judicial.
Entre las pretensiones principales se encuentran:
- Suspender las obras hasta garantizar el acceso vial
- Realizar una mesa técnica de concertación
- Ajustar los diseños del proyecto
- Iniciar procesos de indemnización por afectaciones a predios privados
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Reapertura temporal de la vía
Tras la orden judicial, se dispuso la reapertura de la vía en el sector, mientras se define si efectivamente existió vulneración de derechos.
La suspensión se mantendrá vigente hasta que el juez emita un fallo definitivo sobre el caso.

Proyecto en medio de controversia
La obra hace parte del programa Vías del Samán, una iniciativa que busca mejorar la conectividad entre Cartago y Pereira.
Sin embargo, el proyecto ha generado inconformidad en algunos sectores de la comunidad, principalmente por lo que consideran falta de socialización previa y afectaciones a la dinámica comercial.
La decisión final determinará si el proyecto deberá modificarse, indemnizar a los afectados o continuar bajo nuevas condiciones.




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