El uso de plataformas de transporte como Uber y DiDi en Colombia podría enfrentar uno de los mayores endurecimientos legales de los últimos años. El Proyecto de Ley 347 de 2026, recientemente radicado por el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte, plantea un régimen sancionatorio sin precedentes que, según expertos, apunta a desincentivar e incluso eliminar este modelo de negocio en el país.
La iniciativa, que inicialmente se presentó como una propuesta de regulación, ha evolucionado hacia un esquema punitivo que contempla multas por usar Uber o DiDi que alcanzarían cifras históricas, tanto para conductores como para usuarios.
Multas de hasta $4,7 millones por cada servicio
Uno de los puntos más polémicos del proyecto es el aumento exponencial de las sanciones económicas. De aprobarse la ley, cualquier persona que preste o utilice un servicio a través de estas aplicaciones podría ser sancionada con multas de hasta $4,7 millones por cada trayecto realizado.
Este valor supera ampliamente las sanciones vigentes, que actualmente rondan los $1,3 millones bajo la infracción D12 del Código Nacional de Tránsito, evidenciando un cambio drástico en la política sancionatoria del Estado frente a estas plataformas.
Sanciones más allá del conductor
El Proyecto de Ley 347 de 2026 no se limita a castigar a quienes manejan o solicitan el servicio. La propuesta amplía la responsabilidad a otros actores que, hasta ahora, no eran considerados parte directa de la operación de las aplicaciones de transporte en Colombia.
En el caso de los conductores, las sanciones por reincidencia serían significativamente más severas. La inmovilización de vehículos pasaría de los actuales cinco días a 60 días en el primer registro, 90 días en el segundo y hasta 120 días en el tercero, lo que representa un golpe económico considerable para quienes dependen de esta actividad.
Multas a conjuntos residenciales y centros comerciales
Otro aspecto que ha generado controversia es la inclusión de la propiedad horizontal dentro del esquema sancionatorio. Administradores de edificios, conjuntos residenciales o centros comerciales que, según el texto, “promuevan o permitan” el parqueo o la recogida de pasajeros podrían enfrentar multas de hasta $726 millones, equivalentes a 60.000 UVT o UVB.
Este punto ha despertado preocupación en el sector inmobiliario, debido a la ambigüedad del concepto de permisividad y a las elevadas sanciones contempladas.
Golpe directo a las empresas tecnológicas
Aunque el proyecto no fija una sanción específica para cada infracción cometida por las plataformas, sí otorga amplias facultades a la Superintendencia de Transporte. En ausencia de una sanción puntual, la entidad podría imponer multas de hasta $2.179 millones a las empresas tecnológicas que operen estas aplicaciones.
Te puede interesar: Taxistas de Pereira piden subir la tarifa mínima del taxi a $8.000 por altos costos operativos
Esta disposición refuerza la percepción de que el proyecto busca desestimular la permanencia de estas compañías en el mercado colombiano.
Argumentos del Gobierno Nacional
Desde el Ministerio de Transporte, el Gobierno ha defendido la iniciativa señalando la necesidad de proteger el transporte formal en Colombia, particularmente el servicio de taxis, y de garantizar la seguridad de los usuarios dentro de un marco de legalidad estricta.
Según la cartera de Transporte, la intención es “nivelar la cancha” y asegurar que todo prestador del servicio cumpla con los requisitos de habilitación, seguros y controles exigidos por la normatividad vigente.
Posible revisión ante presión social
Pese a la dureza del articulado, la presión social y gremial ya comienza a generar movimientos. En las últimas horas se ha conocido que el Gobierno estaría considerando retirar temporalmente algunos artículos del proyecto para abrir una fase de concertación con los sectores involucrados.
Sin embargo, el eje central del debate continúa siendo la imposición de multas millonarias por cada servicio, una medida que podría definir el futuro de las aplicaciones de transporte en Colombia y marcar el rumbo del país frente a la movilidad digital y la innovación tecnológica.
Deja tu comentario