La urgencia manifiesta en Pereira fue prorrogada por la Alcaldía municipal con el objetivo de evitar la interrupción del servicio de alimentación de personas privadas de la libertad (PPL) que permanecen en centros de detención transitoria de la capital risaraldense. La decisión responde a un escenario crítico advertido por organismos de control y a la falta de claridad del Gobierno nacional frente a la financiación de esta obligación que hoy recae sobre los entes territoriales.
Desde comienzos de 2026, la administración municipal había declarado esta figura excepcional para garantizar el suministro continuo de alimentos a más de 250 Personas Privadas de la Libertad (PPL) en condición de sindicados, quienes se encuentran principalmente en la Unidad Permanente de Protección a la Vida (UPPV), además de estaciones de policía y otros centros de detención transitoria.
Una carga financiera para los municipios
La alimentación de los PPL en centros de detención transitoria se ha convertido en una de las principales preocupaciones para alcaldías y gobernaciones del país. En el caso de Pereira, desde julio del año pasado el municipio asumió la prestación del servicio mediante un contrato que incluía desayuno, almuerzo, cena y refrigerio, por un valor cercano a los $2.243 millones, el cual venció el 31 de diciembre de 2025.
Esta situación generó una alerta temprana por parte de la Procuraduría General de la Nación, que advirtió que, a partir del 1 de enero de 2026, los PPL en Pereira podrían quedar sin alimentación, lo que constituiría una vulneración directa de derechos fundamentales.
Prórroga por 15 días de la urgencia manifiesta
Ante el riesgo inminente de suspensión del servicio, la Alcaldía declaró inicialmente la urgencia manifiesta, lo que permitió la contratación directa del servicio de alimentación mientras se adelantaba el proceso licitatorio correspondiente. Tal como se había anticipado, esta medida podía extenderse si persistían las condiciones que le dieron origen.
Así ocurrió. Mediante el decreto Nro. 12 de 2026, la administración municipal decidió prorrogar por 15 días adicionales la declaratoria, ampliando su vigencia hasta el 31 de enero de 2026. El decreto señala que:
“la urgencia manifiesta declarada mediante el decreto Nro. 000898 de 2025 no ha desaparecido, por cuanto persiste la imposibilidad material, jurídica y temporal de acudir a procedimientos ordinarios de selección contractual, y subsiste el riesgo cierto e inminente de interrupción de un servicio esencial ligado directamente a los derechos fundamentales a la vida, la dignidad humana y la alimentación adecuada”.
Este pronunciamiento deja claro que, más allá de un trámite administrativo, está en juego la garantía de derechos fundamentales de una población especialmente vulnerable.
Te puede interesar: Procuraduría investiga a concejal de Pereira por presuntas irregularidades en sesión de trabajo virtual
Esperan respuesta del Gobierno nacional
Mientras se define el proceso licitatorio, la administración municipal también aguarda una decisión de fondo en el marco de una acción de tutela interpuesta para que el Gobierno nacional asuma nuevamente la responsabilidad del servicio. El secretario de Gobierno de Pereira, Jorge Mario Trejos, confirmó que se ha solicitado formalmente a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) que retome la alimentación de los sindicados, petición que hasta ahora ha sido negada.
Este escenario evidencia una problemática estructural: cuando el Gobierno nacional trasladó esta responsabilidad a los entes territoriales, no precisó de dónde provendrían los recursos para cubrir los costos, lo que ha generado serias afectaciones a las finanzas municipales en distintas regiones del país.
Un problema que trasciende a Pereira
La situación de Pereira no es aislada. Varios entes territoriales en Colombia han advertido que no cuentan con la capacidad financiera para sostener la alimentación de los PPL en centros de detención transitoria, lo que ha derivado en múltiples declaratorias de urgencia manifiesta y llamados reiterados al Ejecutivo nacional.
Deja tu comentario