La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exgerente de la Empresa Social del Estado Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, en el departamento de Risaralda, por presuntas irregularidades contractuales que habrían generado un posible detrimento patrimonial cercano a los 20 millones de pesos.
La disciplinada es Luz Marina Ossa Moncada, quien se desempeñó como gerente del centro hospitalario y, según el ente de control, habría incurrido en omisiones graves durante la ejecución y liquidación de un contrato, al no ejercer la vigilancia, verificación y control que le correspondían sobre los procesos contractuales y financieros de la entidad.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda, la entonces funcionaria permitió que se tramitaran y autorizaran pagos por valores superiores a los gastos realmente ejecutados, situación que derivó en una diferencia económica injustificada cercana a los $20 millones. Para el Ministerio Público, esta conducta habría facilitado la salida de recursos públicos sin el respaldo contractual correspondiente.
El organismo de control precisó que los hechos investigados se habrían presentado entre junio de 2020 y julio de 2021, periodo durante el cual la presunta omisión habría comprometido principios fundamentales de la función administrativa, como la moralidad, la eficacia y la responsabilidad, pilares del manejo de los recursos públicos.
Por estos mismos hechos, la Procuraduría General de la Nación también profirió cargos contra la interventora del contrato, Francy Helena Saray Rubio, quien habría expedido certificaciones y validaciones que daban cuenta de la ejecución de actividades, valores y gastos que no coincidían plenamente con la realidad material del contrato.
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Según el expediente disciplinario, la interventora habría avalado gastos reembolsables por encima de los realmente ejecutados, así como certificaciones que respaldaban pagos sin una verificación técnica, administrativa, financiera y documental adecuada. Esta conducta, de confirmarse, habría vulnerado igualmente los principios de moralidad y responsabilidad que rigen la función pública.
El Ministerio Público advirtió que la disciplinada pudo haber pasado por alto su deber de ejercer una supervisión integral sobre la ejecución contractual, afectando de manera directa su rol como interventora y contribuyendo al presunto detrimento de los recursos del hospital.
En ambos casos, la Procuraduría calificó de manera provisional la conducta investigada como falta grave cometida a título de culpa grave, lo que implica que las disciplinadas habrían actuado con una negligencia grave en el cumplimiento de sus funciones, sin que necesariamente mediara una intención directa de causar el daño.
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