La Procuraduría General de la Nación solicitó la adopción inmediata de medidas de seguridad en el tramo vial Tadó – Risaralda, luego de registrar un preocupante aumento de hechos violentos relacionados con acciones extorsivas en este importante corredor que conecta al departamento del Chocó con el Eje Cafetero.
La alerta se encendió tras los hechos ocurridos el pasado 3 de diciembre, cuando hombres armados interceptaron un vehículo de carga en la vía, lo atravesaron intencionalmente para bloquear el paso, lo marcaron con las siglas del ELN y posteriormente le prendieron fuego. Según los reportes, los ocupantes lograron descender del automotor y ponerse a salvo antes de que las llamas lo consumieran por completo, evitando una tragedia mayor.
De acuerdo con la Procuraduría Regional de Instrucción de Chocó, este caso no es aislado. En lo corrido del año se han registrado más de 40 cierres viales en este corredor, muchos de ellos ocasionados por la presencia de grupos armados ilegales, lo que evidencia un deterioro progresivo del orden público en Chocó y un alto nivel de riesgo para transportadores, comerciantes, viajeros y comunidades que dependen de esta ruta para su movilidad y abastecimiento.
En una comunicación formal enviada a los ministros de Defensa e Interior, a la Gobernación del Chocó, a la Defensoría del Pueblo y a la Fiscalía Seccional, entre otras autoridades, el ente de control solicitó información precisa sobre las acciones adelantadas y las que se encuentran en planeación para contrarrestar esta situación que afecta directamente la movilidad en la vía Tadó – Risaralda.
Impacto en transportadores y comunidades
Además de los actos violentos, el corredor ha sido escenario de bloqueos comunitarios, deslizamientos, crecientes y otros fenómenos naturales que, sumados a la violencia en corredores viales, han convertido esta carretera en un punto crítico para la región. La situación ha generado temor entre los conductores, afectaciones en la economía local y retrasos en el transporte de alimentos, medicamentos y mercancías.
La entidad advirtió que las acciones de extorsión a transportadores representan una amenaza directa contra los derechos fundamentales de la población civil, por lo que urge reforzar la presencia institucional en la zona.
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Medidas solicitadas por el Ministerio Público
Entre las acciones requeridas por la Procuraduría General de la Nación están:
- Implementar vigilancia permanente en los tramos más vulnerables del corredor.
- Intensificar los patrullajes mixtos entre Policía y Fuerzas Militares.
- Instalar puestos de control temporales en horarios de mayor riesgo.
- Establecer protocolos de reacción inmediata ante nuevos bloqueos o atentados.
- Garantizar condiciones mínimas de seguridad en carreteras del Chocó para mantener la circulación de vehículos y personas.
El ente de control insistió en que estas decisiones son fundamentales para prevenir nuevas retenciones, amenazas, ataques contra vehículos y demás delitos asociados a la acción de grupos armados ilegales.
Llamado a garantizar la movilidad
Finalmente, la Procuraduría solicitó a las autoridades competentes garantizar la reapertura segura de la vía en caso de cierres y adoptar estrategias efectivas para proteger la vida e integridad de quienes transitan diariamente por este corredor estratégico que conecta a múltiples municipios del occidente colombiano.
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