La Procuraduría General de la Nación ha abierto una indagación previa contra funcionarios públicos, aún por determinar, de la Alcaldía de Pereira, en el departamento de Risaralda, por presuntas irregularidades en la adjudicación de un contrato para la concesión integral del servicio de alumbrado público, el cual supera los $84.496 millones y contempla una duración de 25 años.
La investigación, liderada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, tiene como objetivo principal esclarecer por qué, a pesar de la solicitud realizada por la Delegada para la Vigilancia Administrativa de la Función Pública para suspender la audiencia de adjudicación —con el fin de evaluar el posible riesgo al interés público—, la administración municipal decidió hacer caso omiso y continuar con el proceso.
El contrato, que abarca no solo la administración, operación y mantenimiento del alumbrado público, sino también la modernización, expansión, suministro de energía eléctrica, implementación de tecnologías inteligentes e iluminación ornamental y navideña, ha generado polémica por la celeridad en su adjudicación y las posibles omisiones en los protocolos de revisión previa.
Además, la Procuraduría investiga la adjudicación del contrato de alumbrado en Pereira tras una denuncia presentada por una representante a la Cámara, quien alertó sobre posibles anomalías en la contratación, así como sobre la supuesta relación de la empresa ganadora con vínculos contractuales y societarios cuestionables, que incluso habrían sido objeto de investigaciones periodísticas recientes.
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Posibles vínculos contractuales de la empresa seleccionada
El ente de control también busca establecer si la firma seleccionada para ejecutar la concesión ha tenido participación en otros procesos licitatorios similares bajo observación, o si actualmente enfrenta procesos sancionatorios o investigaciones por su actuar empresarial en otras jurisdicciones. Asimismo, la Procuraduría investiga si la empresa contratista del alumbrado de Pereira podría estar ligada a redes de contratación con historial cuestionado, lo cual aumentaría la gravedad del caso.
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