La ciudad de Armenia atraviesa una de las crisis de vivienda más graves de los últimos años. Más de 10 mil ciudadanos han sido estafados por constructoras que no cumplieron con los compromisos pactados en diversos proyectos habitacionales, especialmente de vivienda de interés social, según se reveló en un debate del Concejo Municipal.
El concejal ponente Jonathan Rojo fue quien expuso la situación durante la sesión, indicando que al menos 10 constructoras han sido intervenidas por la Alcaldía de Armenia debido a irregularidades que van desde la falta de escrituración, hasta obras inconclusas, conexiones ilegales a servicios públicos y vertimientos sin control, lo cual ha generado afectaciones económicas y sociales a miles de familias.
Incumplimiento en planes de vivienda en Armenia: una problemática creciente
Durante el debate, se dejó claro que la situación no es aislada ni reciente. Proyectos habitacionales que debían mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, hoy representan un calvario legal y económico para los compradores, en su mayoría personas de bajos recursos que confiaron sus ahorros a constructoras que operaban con aparente legalidad.
Rojo denunció que muchas constructoras utilizan fiducias inmobiliarias como escudo para evadir responsabilidades una vez obtienen las licencias de construcción. “Después de obtener el aval, algunas empresas construyen más unidades de las permitidas, afectan la infraestructura del sector y desatienden las necesidades de los compradores”, afirmó el concejal.
Propuesta de un Comité Municipal de Vivienda en Armenia
Ante la magnitud de los casos, se propuso la creación de un Comité Municipal de Vivienda, que reúna a la Alcaldía, entes de control, representantes de los afectados y a las empresas constructoras, con el fin de realizar seguimiento permanente a los proyectos y establecer soluciones eficaces a corto y mediano plazo.
La iniciativa busca enfrentar una crisis que, según los testimonios presentados en el Concejo, ha avanzado en silencio y sin una respuesta institucional contundente. El comité también tendría como objetivo velar por el cumplimiento de la normativa urbanística y el respeto de los derechos de los compradores.
El caso de Parque Residencial del Café: 48 familias aún sin escrituras
Uno de los casos más representativos presentados fue el del proyecto Parque Residencial del Café, ejecutado por la unión temporal Fomvivienda – Calcamar. Allí, 48 familias aún no han recibido las escrituras de sus apartamentos, pese a haber realizado el pago en su totalidad desde 2023.
Jhon James Giraldo, uno de los compradores, afirmó: “Nos sentimos abandonados. Nadie responde, y la falta de control de las autoridades solo agrava la situación”. Según relató, el proyecto presenta fallas en zonas comunes, como parqueaderos sin terminar, áreas sociales incompletas y promesas incumplidas en el contrato de compraventa.
Ante esta situación, los afectados han interpuesto una demanda colectiva, exigiendo respuestas legales y soluciones por parte de la empresa responsable y las autoridades municipales.
Respuesta de Fomvivienda ante las denuncias
El gerente de Fomvivienda, Harrison Santamaría, manifestó que la entidad ha acompañado a los compradores y que reconocen la existencia de casos pendientes de escrituración, especialmente en lo relacionado con parqueaderos. Según explicó, actualmente se desarrollan jornadas de negociación para firmar un contrato modificatorio que permita avanzar en la legalización de los inmuebles.
Las denuncias relacionadas con este proyecto fueron enviadas a la oficina del Departamento Administrativo de Planeación, que deberá adelantar las investigaciones pertinentes y emitir sanciones si es el caso.
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Estafa inmobiliaria en Armenia: una crisis que exige acciones urgentes
Lo sucedido en Parque del Café es solo un reflejo de un problema más amplio. Los datos revelados durante el debate confirman que en Armenia hay miles de personas esperando la entrega legal de sus viviendas, la culminación de obras, la conexión regular a servicios públicos o incluso, la terminación estructural de sus hogares.
El caso ha encendido las alarmas en la capital quindiana y ha puesto sobre la mesa la necesidad de fortalecer la vigilancia urbanística, mejorar los procesos de licenciamiento, y sobre todo, proteger a los compradores de vivienda, muchos de los cuales han depositado su patrimonio familiar en proyectos que hoy les generan incertidumbre y frustración.
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