En una decisión que ha generado indignación en el Quindío y pone de nuevo el foco sobre el uso de los recursos públicos, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 6 años y 8 meses a Ana Patricia Díaz Latorre, quien se desempeñaba como profesional universitaria al servicio de la Gobernación del Quindío durante la administración del exgobernador Roberto Jairo Jaramillo.
La funcionaria fue hallada responsable de haberse apropiado de dineros del erario a través de autoliquidaciones de pagos superiores a los permitidos legalmente, según lo reveló el Ministerio Público en una decisión de primera instancia.
Un escándalo de corrupción que sacude a la administración pública
De acuerdo con la investigación, entre julio de 2021 y septiembre de 2023, Díaz Latorre efectuó un total de 52 pagos irregulares, los cuales superan los 50 millones de pesos. Estos recursos fueron transferidos directamente a su cuenta bancaria tras ser ingresados de forma fraudulenta al sistema de nómina del ente territorial.
La exfuncionaria no solo se autoasignó pagos adicionales sin justificación legal, sino que también alteró información en el sistema oficial de gestión administrativa y de nómina, lo que facilitó el desvío de los recursos.
La Procuraduría calificó la actuación de Ana Patricia Díaz Latorre como una falta gravísima cometida a título de dolo, lo que significa que actuó con pleno conocimiento y voluntad de vulnerar el ordenamiento jurídico. “La disciplinada vulneró de manera directa el principio de moralidad que rige la función pública”, señaló el ente de control.
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La gravedad del hecho fue considerada aún mayor por el hecho de que se trataba de una funcionaria con acceso privilegiado al sistema de pagos y con un deber reforzado de probidad en el ejercicio de su cargo.
Aceptación de cargos y devolución de dineros
A pesar de la gravedad de la falta, la sanción disciplinaria consideró como atenuante el hecho de que la exfuncionaria aceptó los cargos y devolvió voluntariamente más de 56 millones de pesos, aunque eso no evitó que se le impusiera la máxima sanción posible en este tipo de casos.
Con esta decisión, la exfuncionaria queda inhabilitada para ejercer cargos públicos durante los próximos seis años y ocho meses, lo que representa un precedente importante en la lucha contra la corrupción en el nivel departamental.
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