En Marsella, Risaralda, más de 60 familias de las veredas Beltrán y La Miranda enfrentan una grave problemática sanitaria por el consumo de agua no potable. El personero del municipio, Jaime Jusep Zuluaga, ha interpuesto una acción constitucional para proteger los derechos de estas comunidades, luego de que un estudio sobre el Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA) revelara que el agua en estos sectores es “inviable sanitariamente”.
Acción Constitucional para proteger los Derechos de los habitantes de Marsella
Los resultados del estudio, que evalúa el riesgo de la calidad del agua para consumo humano, alertaron a las autoridades locales, ya que las condiciones del agua en estas veredas pueden representar riesgos graves para la salud. La medida busca proteger los derechos fundamentales de estas familias y garantizar que accedan a agua potable segura y de calidad.
Jaime Jusep Zuluaga ha informado que la acción fue avalada parcialmente por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Pereira, el cual ha ordenado a la Alcaldía de Marsella implementar medidas inmediatas para el transporte temporal de agua potable a las comunidades afectadas. Zuluaga indicó que todavía están esperando que la administración municipal tome las medidas dictadas por el juzgado.
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Impacto en la salud y la educación en las veredas de Marsella
La falta de agua potable no solo afecta a las familias residentes en estas veredas, sino también a una institución educativa ubicada en el sector de Beltrán. En esta escuela, alrededor de 30 niños y niñas están expuestos a los efectos de consumir agua no apta, lo cual preocupa tanto a padres como a docentes que buscan preservar la salud de los menores.
Ante la delicada situación, el juzgado dictaminó medidas cautelares que obligan a la administración local a transportar agua potable a los residentes de Beltrán y La Miranda hasta que se implemente una solución definitiva que garantice el acceso a agua segura y de calidad. Esta medida representa un primer paso en la búsqueda de una solución a largo plazo que proteja los derechos básicos de las comunidades afectadas.
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